Gallardón hizo estas declaraciones en una rueda después de que ayer el presidente del Gobierno autorizara a la Genaralitat de Catalunya a contraer nueva deuda, cuando al Consistorio madrileño le negó la posibilidad, no ya de endeudamiento, sino de refinanciar la deuda vencida en el ejercicio.

Dejó claro que "no tenemos ninguna protesta que hacer al sí de ayer de Zapatero, nuestra protesta es al no de antes de ayer a la ciudad de Madrid"; y dijo que, después de lo ocurrido ayer, "hoy sabemos que Zapatero no dijo la verdad cuando dijo que no a Madrid alegando que había que cumplir objetivos de estabilidad y crecimiento".

Según Gallardón, si hubiesen sido ciertas las razones económicas dadas por Zapatero de que autorizar refinanciar deuda a Madrid podía afectar a los objetivos del Programa de Estabilidad y de Crecimiento, no podría "de ninguna de las formas" haber atendido a la petición de Cataluña; y, por lo tanto, "si descartamos los motivos económicos, los motivos evidentemente son políticos".

Para Gallardón, nunca tuvo sentido que si el Estado se autorizaba a sí mismo a refinanciar deuda y a las comunidades autónomas, no se lo autorizase a la ciudad de Madrid, "pero esa falta de sentido ahora cobra una gravedad política, a mi juicio muy importante, cuando lo que ha hecho el presidente del Gobierno es establecer una discriminación expresa a favor de unos ciudadanos en relación con otros".

El regidor, que preguntó "cómo va el presidente del Gobierno a explicarle a los proveedores madrileños que son de peor condición que los proveedores catalanes", cree que "se ha producido un hecho grave, discriminatorio en contra de los madrileños por razones estrictamente políticas, a unos meses de una confrontación electoral".

Añadió que es "ilegítimo el uso de la discrecionalidad que el presidente del Gobierno tiene en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de una forma diferente a unos ciudadanos y a otros y se perjudica a unas ciudades sobre otras Administraciones públicas".

Gallardón considera que los objetivos políticos del Gobierno son "en corto, de eso no tengo duda ninguna, ellos están mirando donde están mirando", y no cree que este debate "político" sobre la deuda pueda ser resuelto por vía judicial, "sin perjuicio de que naturalmente nosotros todos aquellos derechos que pensamos que no se han atendido, como el resto de ayuntamientos de España, los reclamaremos".

800 MILLONES DE DEUDA A LOS PROVEEDORES

Por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, en la misma rueda de prensa indicó que actualmente el Ayuntamiento tiene "un pendiente de pago vencido de en torno a 800 millones de euros", una cifra que dijo que varía cada semana porque todos los meses hacen una remesa de pagos, tal y como se comprometieron con los empresarios y las centrales sindicales.

Indicó que la demora máxima con los proveedores con respecto al vencimiento de los pagos es de ocho meses. Según Bravo, la situación ha mejorado con relación a la que tenían a finales de año y el Consistorio está garantizando un pago mensual a todos los proveedores.