En un comunicado, el sindicato criticó que “aunque desde la asociaciones agrarias insisten en que faltan trabajadores y trabajadoras para hacer frente a las campañas actuales, UGT considera un insulto a la inteligencia que intenten vincular la escasez de mano de obra con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, como si los temporeros prefirieran percibir un salario de 462 euros a trabajar por un salario digno, o que señalen a esta falta de trabajadores como la culpable de la subida en los precios de los alimentos”.

Asimismo, considera “lamentable” que “desde las asociaciones agrarias se siga cuantificando en 25.000 los puestos de trabajo que necesita el sector y nadie sepa para qué explotaciones se necesitan ni para qué campañas específicas”.

En este sentido, UGT recordó que “para que los temporeros puedan trabajar y cobrar las prestaciones, las empresas están obligadas a reclamarlos a través de las oficinas públicas de empleo para que estas, a su vez, les proporcionen a aquellos trabajadores que necesitan y reúnen los requisitos”. Sin embargo, indicó que “estas reclamaciones de temporeros no se están produciendo en la mayoría de los casos, lo que significa que, o ya tiene cubiertos los puestos de trabajo, o no los necesitan realmente”.

El problema de la falta de interés de los trabajadores por el sector agrario tiene que ver, a juicio del secretario sectorial agrario y de manipulado hortofrutícola de UGT FICA, Emilio Terrón, “con los bajos salarios, unas condiciones laborales precarias, el carácter estacional del empleo y una climatología que no siempre acompaña, como bien saben las asociaciones agrarias”. Además, la legislación laboral “tampoco favorece el desarrollo de esta actividad ya que el sector no cuenta con un convenio colectivo de carácter estatal que haga homogéneo y asegure unas condiciones laborales mínimas para todos los trabajadores agrarios”.

En la misma línea, Terrón afirmó que “los empresarios tampoco ayudan mucho en esta labor porque los incumplimientos de los convenios provinciales firmados por parte de las patronales agrarias son reiterados, y algunas todavía se niegan a aplicar el Salario Mínimo Interprofesional a sus trabajadores a pesar de ser de obligado cumplimiento”.

Igualmente, para Terrón “es necesario acabar con el fraude en la declaración de las jornadas realmente trabajadas, ya que se trabajan 20 días y sólo se declaran tres, o con la contratación de temporeros a través de empresas de servicios sobre las que no existe un control riguroso”.

Por todo ello, para Terrón “el Gobierno está obligado a legislar y hacer cambios normativos que regulen la cotización de las peonadas, a aumentar la dotación de la Inspección de Trabajo para perseguir las prácticas abusivas, y hacer efectiva de una vez por todas la integración de los trabajadores agrarios en el régimen general”. “No podemos seguir aceptando leyes de más de 40 años y permitiendo irregularidades diarias, y más cuando se tiene perfecto conocimiento de ello”, concluyó.