Durante el acto de firma del acuerdo, la ministra Darias resaltó que el objetivo principal de estos convenios es “eliminar obligaciones innecesarias, reducir la frecuencia de petición de datos, acilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos” ya que, agregó, “existen trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse”.

EMPRESARIOS

En concreto, Darias firmó sendos convenios con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representada por su secretario general, José Alberto González-Ruíz, y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), representada por su secretario general, Pedro Fernández Alén.

En su intervención en el acto, González-Ruiz destacó que, en los once años de vida del convenio, su organización ha realizado cerca de 500 propuestas de las que unas 70 han llegado a materializarse, aportando un ahorro de más de 600 millones de euros. Así, el representante de CEOE destacó el papel desempeñado por los empresarios para informar sobre “dónde se producen las trabas”, por lo que aseguró que el convenio es “un instrumento muy eficaz”.

Por su parte, el representante de Cepyme señaló que las empresas requieren “liquidez, aplazamientos administrativos y flexibilidad” y que en “en esta tercera pata es a lo que estamos ayudando” con este convenio, para concluir que es necesario “ser creativos” para “hacer simple lo complicado”.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sobre el convenio firmado por Función Pública con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que supone “una colaboración útil” y subrayó la necesidad de “hacer una administración más amable y productiva y con un mayor acento social y humano”.

Respecto al contenido del convenio, Pérez Bueno puso como ejemplo que gracias al mismo los más de 100.000 conductores con discapacidad o movilidad reducida que hay en España ya no tendrán la “carga añadida” de ser obligados a desplazarse a la sede física de la DGT en la capital de provincia correspondiente para comprobar que las adaptaciones de sus vehículos son adecuadas, suponiendo una carga, desplazamiento y gastos.

“En vez de ayudar a las personas con discapacidad se les sometía a cargas añadidas”, indicó el presidente del Cermi, para concluir que “este es el último ejemplo de las cosas positivas de este convenio” y que “viendo los resultdos, anima a seguir trabajando en la misma línea”.

AUTÓNOMOS

En cuanto al convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, apuntó que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 “nos ha enseñado muchas cosas”, como que “gran parte del tejido empresarial no estábamos preparados” ya que “faltaban muchas firmas digitales y certificados” para hacer trámites administrativos.

“Tenemos muchas cosas que mejorar todos”, declaró, para a continuación pedir una administración “amable y ágil” para ciudadanos y emprendedores, mediante la eliminación de “trabas y trámites”. Así, indicó que el convenio firmado se centra en la administración general del estado, por lo que reclamó “unificar criterios” entre el resto de administraciones. “Para un emprendedor, una empresa o un ciudadano, ser productivo es perder el menor tiempo posible en tratar con la administración”, concluyó.

Por parte de la Cámara de Comercio de España, su secretario general, Adolfo Díaz-Ambrona, puso en valor la colaboración público-privada y que mediante este tipo de convenios “organizaciones representativas trasladamos preocupaciones de los empresarios para mejorar”.

En este sentido, apuntó que “a día de hoy las empresas demandan agilizar toda la tramitación administrativa” y enfatizó que las empresas “tienen que tener un lugar central” en la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

CONTENIDO CONVENIOS

Según destacó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el desarrollo de estos convenios supone “la recopilación por las organizaciones de propuestas de simplificación de procedimientos que lleven aparejadas reducción de cargas administrativas y que afecten principalmente, pero no necesariamente, al colectivo al que representan”.

Las propuestas que reciba el Ministerio de Política Territorial y Función Pública serán distribuidas entre los todos los ministerios en función de sus competencias para su valoración y posible puesta en práctica.

Durante 2019, mediante estos convenios se analizaron un total de 148 propuestas, que afectaban a los distintos ministerios, destacando el mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, entre 2018 y 2019 se celebraron 16 encuentros con empresarios y colectivos, en Santander, Madrid, Gijón, Valencia, Sevilla Las Palmas, Elche, Granada y Pamplona.

En 2020 los convenios se centrarán principalmente en los procedimientos que afectan al sector energético, en el ámbito de la economía circular y lucha contra el cambio climático, fomento del trabajo autónomo, procedimiento administrativo común, así como las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.

En concreto, permitirán acciones para mejorar el funcionamiento de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, mejorar la interconexión entre diferentes departamentos (interoperabilidad), mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios, o la puesta en marcha de campañas informativas sobre temas de interés general, para empresas y ciudadanos.