Asimismo, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia obtuvo 341 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

En la defensa de la norma participaron el vicepresidente segundo y ministro de Derechos sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En su intervención, Iglesias declaró que se trata de "pura justicia social" y calificó de "indignante" tener que "oír a algunos hablar de paguita". "Lo es para los miles de compatriotas que, a pesar de su esfuerzo, no consiguen llevar a su casa las condiciones mínimas para lograr una dignidad de vida", afirmó. A su juicio, "no hay libertad si no se puede llegar a fin de mes".

Además, el ministro Escrivá reiteró que las personas inmigrantes en situación irregular "no podrán acceder a la nueva prestación", por lo que rechazó que pueda fomentar la inmigración o producir un 'efecto llamada'.

Por su parte, Iglesias se refirió al "durísimo" informe que el exrelator de la ONU sobre la Pobreza Extrema, Philip Alston, emitió en enero sobre la desigualdad y la pobreza en España y afirmó sentirse "orgulloso de que su sucesor nos ponga ahora como ejemplo".

También destacó que el IMV "será extremadamente útil" para combatir la pobreza infantil, un campo en el que "España tiene el triste honor de ser medalla de plata europea".

Asimismo, Iglesias destacó que ayudará a la recuperación económica porque "los 462 euros que vamos a garantizar no se irán a paraísos fiscales, sino directamente al consumo". "Irán a las manos de autónomos y de pequeños negocios de barrio", pues estas familias no los van a ahorrar, explicó, lo que "contribuirá a "relanzar la economía".

Por otro lado, el vicepresidente quiso dar las gracias "en nombre del Gobierno" a las redes solidarias, parroquias, ONG y al Tercer Sector que "durante años han sido el único apoyo" de las personas más vulnerables. "Se han encargado de un trabajo que le correspondía a los poderes públicos", que "no debemos delegar".

CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

Iglesias mantuvo que aprobar el IMV "supone además tomarse en serio la Constitución española, que en esta Cámara se manosea, muchas veces para lanzársela a la cara" unos partidos a otros. Sin embargo, "sus artículos se leen poco, sobre todo, sus artículos sociales", dijo en referencia al número 51.

Por eso, a su juicio, aprobar el IMV es una manera "de creernos la Constitución", porque "ser patriota no es envolverse en una bandera, sino defender la carta Magna y sus derechos".

A su vez, el ministro Escrivá admitió que "el brusco parón de actividades económicas" por el coronavirus ha hecho "aún más visibles" las dificultades económicas que afrontan los hogares vulnerables en España.

"La pandemia nos ha obligado a acelerar los plazos para poner en marcha la nueva política", pero defendió que su diseño fue "riguroso, complejo y meticuloso". "Siempre hemos creído que no había otra alternativa" a diseñar un IMV "muy focalizado y preciso".

ADAPTARSE A LA SOCIEDAD

Según explicó, "a diferencia de lo que existe en otros países de nuestro entorno, España no ofrece una red sólida de rentas de último recurso" y el hecho de que esta haya recaído en las comunidades autónomas "ha provocado que incluso las diferencias entre ciudadanos hayan aumentado en el tiempo". Esto es algo que había que corregir, prosiguió, además de "adaptarnos a las nuevas realidades" económicas y sociales.

Hoy en día, las trayectorias laborales son muy volátiles" y existe lo que se conoce como "pobreza laboral" debido a los salarios precarios, apuntó. Defendió que la situación del mercado de trabajo ha variado mucho, por lo que "no se puede vincular toda la protección social al empleo" como ocurría antes.

Además, hay que tener en cuenta las especiales características de los hogares más vulnerables, como aquellos con niños o monoparentales de bajos ingresos, destacó. Según Escrivá, "la sociedad del siglo XXI necesita políticas del siglo XXI" como el IMV.

Afirmó que la nueva prestación actuará a la vez como política redistrivutiva y "palanca de inclusión social". También sostuvo que "reforzará la capacidad de las CCAA de ofrecer una mejor protección" a sus residentes.

ENMIENDAS

En su intervención, la diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz, justificó la abstención de su grupo con el argumento de que "los compatriotas necesitan la ayuda, por lo que no votaremos en contra". Sin embargo, criticó que no sea temporal y consideró que "pone en riesgo el sistema de la Seguridad Social" y producirá un 'efecto llamada'. A su juicio, es el "precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez" para ser investido.

Parecidos argumentos utilizó la portavoz adjunta del grupo Popular, Pilar Marcos, quien criticó que el IMV no fomenta la creación de empleo, que "es el mejor escudo social". Además, lamentó que "las víctimas económicas del Covid-19 no sean sus principales destinatarios". Marcos acusó al ministro Escrivá de "ser incoherente" consigo mismo y evitó dirigirse al vicepresidente Pablo Iglesias, por considerar que la medida no era suya.

En la misma línea se manifestó la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas quien habló de "hormigas y cigarras, como en el cuento". En su opinión, Escrivá y su equipo han sido "las hormigas" de esta historia. Oramas destacó el "diálogo serio y constructivo" mantenido con el departamento de Escrivá, idea en la que coincidieron Íñigo Errejón (Más País), Genís Boadella (Izquierda Plural) e Íñigo Barandiaran (PNV).

En general, los grupos de la Izquierda coincidieron en que se trata de "un buen punto de partida", que puede ser mejorado como proyecto de ley.

Entre otros aspectos, criticaron que haya modificado las prestaciones por hijo a cargo; que "deje fuera a los inmigrantes en situación irregular" y que excluya a las personas incapacitadas judicialmente.

Además, Gabriel Rufián lamentó el "enésimo intento recentralizador" del Gobierno y exigió el traspaso de esa competencia a las comunidades autónomas. Con todo, comparó la ley del IMV "con la ley del Divorcio". Tras un debate cultural, estamos ante una auténtica victoria de la izquierda".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez reclamó que el IMV incluya itinerarios de inserción laboral más claros y propuso el establecimiento de cláusulas sociales en la compra pública para fomentar la contratación de sus beneficiarios.

Iglesias cerró su intervención inicial recordando que cuando hace seis años nació su partido, esta prestación estaba ya en su ADN "y nos dijeron de todo". "Este no es ni un éxito mío, ni del ministro Escrivá ni del Gobierno de coalición, sino de la sociedad civil organizada, que lleva años luchando por esta medida contra viento y marea", reconoció. Les dio las gracias y concluyó con el lema de su formación: "Sí, se puede".

Escrivá también subrayó la "estrecha colaboración" mantenida con CAAA, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y grupos parlamentarios en la elaboración de la norma, y alabó la "buena disposición" mostrada durante el debate. Agradeció en especial el trabajo conjunto con las consejerías responsables de asuntos sociales.

En su opinión, este decreto ley "corrige un déficit histórico en España y nos dignifica como país". Además, aseguró haber tomado nota de las aportaciones sugeridas por los grupos durante la sesión, y avanzó que "las analizaremos con la máxima atención" durante la tramitación del proyecto de ley". "Algunas tienen incluso encaje ya, en su desarrollo reglamentario", comentó.

Según el ministro, se trata de una ayuda "muy eficaz" con un coste fiscal razonable, que este mismo mes ya cobrarán más de 76.000 familias.