UGT hizo pública este miércoles su propuesta para regular el teletrabajo en la que plantea que no haya diferencias en las condiciones salariales entre los trabajadores presenciales en las instalaciones de la empresa y quienes trabajen a distancia, que el tiempo mínimo nunca sea inferior al de una jornada completa y el máximo no supere “los tres o cuatro días semanales”.

Además, las empresas tendrán que proporcionar las herramientas para el trabajo y deberán compensar económicamente al trabajador por los gastos en los que incurra en su domicilio y se aconseja que la duración del teletrabajo nunca sea inferior a un año. Además, UGT considera necesario que la negociación colectiva regule esta modalidad estableciendo un contenido mínimo con las condiciones laborales específicas.

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, manifestó que el Gobierno no ha emplazado a su sindicato a debatir sobre el teletrabajo antes de lanzar un borrador de la norma a consulta pública, como paso previo a elaborar el proyecto normativo.

Ese texto, abierto a recibir sugerencias hasta el 22 de junio, busca “proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo”. El documento destaca el carácter “voluntario y reversible” del teletrabajo y remarca el “principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos”.

Se justifica la nueva norma para “garantizar un régimen jurídico seguro y suficiente sobre estas formas de prestación y organización del trabajo por cuenta ajena, teniendo en cuenta la insuficiencia y la obsolescencia del régimen jurídico vigente” que consta en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y en el decreto del 17 de marzo con motivo del estado de alarma, en el que se establecía el carácter preferente del trabajo a distancia.

El secretario de Política Sindical de UGT instó al Gobierno a “corregir esa errática interpretación de lo que es el diálogo social” y subrayó que “no es consulta pública, es participación de los agentes sociales en la mesa”.

Por otra parte, en cuanto a las negociaciones para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá de junio en determinados sectores, Pino anticipó la posición en contra de los “ERTE acordeón a disposición de los empresarios”, en referencia a la propuesta de la patronal CEOE de flexibilizar la incorporación de los trabajadores. En su lugar, consideró que “si se tiene que buscar una flexibilidad añadida” se haga en el diálogo social.

También pidió al Gobierno que dé a conocer los recursos con los que cuenta para prolongar los ERTE y le reclamó que no rebaje el 70% al 50% el porcentaje de la prestación por desempleo a cobrar por los afectados si se extienden los expedientes temporales, que siga manteniendo el ‘contador a 0’, sin descontar el tiempo que se perciba la prestación del que se tiene derecho, y que mantenga las exoneraciones en la cotización para las empresas.