Lo comentó el portavoz del Consejo de Gobierno, Ignacio Aguado, tras la reunión de este órgano que este miércoles recibió la dación de cuenta de la tramitación de emergencia que se realizó por un importe de 109.214,55 euros (IVA exento) y un plazo estimado de cuatro meses mediante dos contratos realizados con la asociación Provivienda.

Aguado afirmó que las medidas excepcionales de restricción de la movilidad derivadas del estado de alarma y la crisis sanitaria por el coronavirus han incrementado la necesidad de proteger especialmente a las mujeres y a sus hijos frente a la violencia de género, lo que se ha hecho con diversas medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección a las circunstancias excepcionales que se vivían en la región.

Durante los meses de pandemia, destacó, las mujeres víctimas de violencia de género se han visto obligadas a pasar más tiempo de convivencia en presencia de sus maltratadores, lo que ha producido un incremento de las denuncias y del número de mujeres que han buscado un alojamiento seguro en la región. También se ha detectado un aumento de las necesidades alimentarias y de alojamiento en condiciones de seguridad entre las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Indicó que la completa ocupación de las plazas en los Centros de Emergencia de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y de los centros destinados a la atención de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual han hecho necesario este aumento de nuevas plazas de emergencia.

"Se trata de garantizar la protección y ofrecer el apoyo, acogida y soporte necesario para la recuperación integral de estas mujeres", concluyó.