Lo hizo en la comparecencia de Iglesias en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que anunció que dicha ley se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Además, García denunció que al Gobierno le ha sobrado “arrogancia" y "divisón" y le había faltado "anticipación", cuando la OMS, advirtió ya en febrero del riesgo del coronavirus y en particular para las personas mayores.

García aseguró que el Gobierno tomó medidas “arrastrado por las comunidades del PP”, que las empezaron a tomar antes; le afeó la gestión ineficaz de compras centralizadas de material y test, y recriminó que las residencias se convirtieron en una trampa mortal al recomendar un protocolo que les instaba a combatir el coronavirus como una gripe. Desdeñó que los 300 millones repartidos entre comunidades son el 0,15% de los 200.000 que anunció el Gobierno que movilizaría y le atribuyó el colapso de la Sanidad y los 19.000 fallecidos en las residencias.

Le pidió a Iglesias medidas para la conciliación y que revierta “los recortes de Podemos” al 0,7% para políticas de discapacidad, le afeó la dirección general creada para un amigo de Pedro Sánchez mientras crecen las colas del hambre y le pidió que baje a la tierra en lugar de asaltar los cielos. Finalmente, le reprochó el ingreso mínimo vital, no dialogado con las comunidades y que ha dejado fuera a 250.000 personas desde la estimación inicial de 1,1 millones, mientras aprueba un “rejonazo” de 2.400 millones a las políticas activas de empleo.

La portavoz de Vox, Reyes Romero, comenzó reprochando a Iglesias “los últimos improperios” que ha lanzado contra ese partido y reclamando que “los miembros de Vox también tenemos derecho a ser tratados con dignidad”. Le espetó que “la casta es usted” y que para muchos ancianos las residencias se han convertido en una cárcel”.

Le dijo que hasta ahora ha eludido su responsabilidad cuando se trata de su competencia desde el 19 de marzo (Iglesias ya contestó hace semanas a otra parlamentaria de Vox que seguía siendo autonómica) y le preguntó cuántas ha visitado y cuántos ancianos han muerto en ellas en lugar de culpar a los fondos de inversión desde su premisa ideológica de que todo lo privado es malo.

“¿Por qué no hizo usted nada al respecto?”, le preguntó, afeándole que ha incumplido con ellas el derecho a la vida, a la salud y la no discriminación por edad que consagra la Constitución. Por lo demás, contrapuso los datos de coronavirus de España con los de Portugal y Grecia y le pidió que reconociera que había que haber cerrado fronteras antes, como propuso Vox, y haber impedido las manifestaciones del Día de la Mujer.

0,7%

En nombre de ERC, Norma Pujol se congratuló de la aprobación del ingreso mínimo, pero dijo que su cuantía es insuficiente y, viéndolo compatible con la renta análoga que hay en Cataluña, rechazó que el Estado asuma una competencia ajena. En línea similar, reivindicó una mayor financiación estatal de la Ley de Dependencia hacia el 50% establecido y pidió que el Gobierno asigne el 0,7% del presupuesto a las entidades de discapacidad.

Desde Junts, Genís Boadella criticó que Iglesias hubiera expuesto un ‘totum revolutum” en el que incluyó hasta los ERTE, pidió liberar los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, postuló una prestación para los teletrabajadores que no pueden ocuparse a la vez de hijos o personas con discapacidad, cuestionó el supuesto abuso del decreto-ley por parte del Gobierno para las medidas sociales

La representante de Ciudadanos, Sara Giménez, de etnia gitana, agradeció a Iglesias su mención inicial a esta raza, de la que ella mencionó su alta tasa de abandono escolar y pidió ayudas a los vendedores ambulantes y una lucha contra el chabolismo y la infravivienda.

Por otra parte, destacó el papel del Tercer Sector para ejecutar las políticas sociales y promovió un modelo de financiación del mismo de carácter estructural e independiente de las contingencias políticas; recomendó una Ley Estatal de Derechos Sociales como marco de todos ellos y también una análoga Ley General de Vivienda, por cuyo calendario se interesó. Por último, urgió a aprobar la ley contra la esterilización forzosa de personas con discapacidad.

El portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran, le reprochó veladamente haber repetido todos los temas de los que ya habló la semana pasada en su comparecencia en la comisión de reconstrucción, y, aunque coincidió con Iglesias en el diferente enfoque de esta crisis respecto a la de 2008, le afeó que no es bueno afrontarla sólo desde el “punto de vista ideológico” y desde un sector político determinado.

"TROFEO"

También le advirtió de que medidas sociales como el ingreso mínimo, si están para quedarse, deben “tener en cuenta el ámbito competencial”, y le criticó que se venda como una suerte de “trofeo” y no como mera cuestión de justicia y que no se cuente para muchas medias con el consejo de los partidos que vienen apoyando al Gobierno.

Desde EH Bildu, Oskar Matute agradeció tanto las medidas enumeradas como el enfoque “antagónico” a la gestión de la crisis de 2008. Preguntó si habría posibilidad de que el Plan de 600 millones para las entidades locales se pueda complementar con el uso del superávit de los ayuntamientos.

Se interesó igualmente por los niños que se han quedado fuera del seguimiento del curso por la falta de posibilidades telemáticas en su casa y se verán en la misma situación en septiembre, y abogó por la solidaridad frente a la caridad, con un guiño a que las “vacas suizas” darían mucha más leche, alusión a la petición del Rey a los empresarios a que donen este producto a niños vulnerables y también al supuesto refugio de sus cuentas bancarias.

También pidió que se detalle pronto cómo igualar a la sociedad por arriba, postuló impuestos a los ricos, defendió el ingreso mínimo vital, denostó la financiación pública de las corridas de toros y denunció el negocio privado de las residencias de mayores, aspectos con los que coincide de hecho Unidas Podemos. Por último, pidió especial énfasis en acabar con las infraviviendas.

Por parte de los dos grupos que conforman el Gobierno, las socialista Sonia Guerra recordó el perfil claramente femenino de las cuidadoras de dependientes, defendió el ingreso mínimo vital y en general la forma de afrontar esta crisis por parte del Ejecutivo, y denunció los recortes del Gobierno del PP a la dependencia. También postuló un nuevo modelo de residencias mayores y, en general, por reforzar el Estado del Bienestar, y terminó proclamando: “¡Viva el 8 de marzo!”

La compañera de partido de Iglesias Pilar Garrido, que empezó llamándole por error “presidente” en lugar de “vicepresidente”, reivindicó, como era de esperar, la gestión de la crisis por parte de este Gobierno en contraposición de la de 2008, y se centró en criticar a la Comundad de Madrid.

Lamentó que el poder madrileño no haya creado bienestar, sino que a su juicio sus instituciones están “carcomidas por la corrupción”, y describió a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como “aspirante a trumpista”, antes de denostar el “modelo de hacer negocio con todo”, hasta las residencias de mayores en manos de fondos de inversión, que comparó con “factorías de atención despersonalizada” en lugar de un “modelo hogar” como el que deben tener los ancianos.