Esa cifra, que supone un descenso del 2,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, se repartió entre 126.178 beneficiarios de 26.406 empresas, a quienes correspondió una prestación media de 534.387 pesetas.

Las situaciones de insolvencia (y las de regulación de empleo que, cuando se trata de empresas de menos de 25 trabajadores, también están protegidas por el Fogasa) afectaron sobre todo a las pequeñas compañías.

En concreto, 67.980 beneficiarios pertenecían a empesas con plantillas inferiores a los 25 empleados, mientras que sólo se vieron en esa situación 6.443 trabajadores de compañías con más de 250 personas en nómina.

Casi la tercera parte de las prestaciones pagadas se concentraron en Cataluña (21.816 millones) y, en menor medida, en la Comunidad Valenciana (8.723), Madrid (7.799), País Vasco (6.987) y Andalucía (5.176).

El resto se distribuyeron entre trabajadores de Aragón (2.316 millones), Asturias (1.176), Baleares (1.013), Canarias (841), Cantaria (688), Castilla La Mancha (1.734), Castilla y León (2.760), Extremadura (454), Gallicia (2.425), Murcia (1.889), Navarra (1.020), La Rioja (573).

El FOGASA, que se puso en marcha en 1977, se hace cargo del pago de los salarios e indemnizaciones originadas por insolvencia, suspensión de pagos, quiebra, fuerza mayor y concurso de acreedores, así como del 40 por cien de las indemnizaciones de algunos procesos de regulación de empleo en empresas de menos de 25 trabajadores.