En un estudio sobre recomendaciones para la adaptación de los ERTE de cara a la reactivación económica, la fundación destaca que este mecanismo se ha desplegado en la UE ante la pandemia por el Covid-19 y en España al 24,1% de los trabajadores, por debajo de la media de la UE-27 del 26,8%.

Indica que los 3,4 millones de empleados cubiertos por ERTE en España a finales de abril de 2020 equivalen a todos los trabajadores (suma acumulada) con expedientes de suspensión de contrato desde inicio del año 1993, es decir, en los últimos 27 años.

Ante la recuperación paulatina de la actividad, Fedea señala que “la primera prioridad es clarificar en qué condiciones las empresas podrán transformar los ERTE por fuerza mayor en ERTE por razones económicas”. En este sentido, reclama que el traspaso sea automático para las empresas que cumplan los requisitos y lo soliciten. También pide más flexibilidad del sistema con procedimientos ágiles para efectuar dicho cambio.

En segundo lugar, sitúa el diseño de un sistema de incentivos que fomente la reincorporación de trabajadores “a un ritmo acorde con el interés general”. En esta línea, citó el esquema de reducción de las exoneraciones de cotización a la Seguridad Social por los trabajadores reincorporados y la reducción también para los que se mantenga en ERTE del 100% al 60%. “El endurecimiento de las condiciones es quizás algo prematuro”, en opinión de Fedea, que considera que para incentivar la reincorporación de empleados “hubiera sido suficiente la exoneración parcial de las cotizaciones a la Seguridad Social para las horas trabajadas”.

En cualquier caso, considera que “tiene sentido” que continúen durante un tiempo las medidas que reducen el coste laboral de los recién incorporados, sea a través de exoneraciones de las cotizaciones o subvenciones salariales. Además, apunta que “se podría elevar el coste de los ERTE para las empresas para evitar un posible problema de riesgo moral”.

Como tercera prioridad cita la “revisión” del requisito de mantener el empleo, al menos, seis meses a partir del retorno del trabajador y la penalización si se incumple teniendo que ingresar las cotizaciones de las que fueron exoneradas con recargo e intereses de demora.

“La mejor opción sería suprimir la penalización y cambiarlo por un premio a las empresas que cumplen el requisito”, a juicio de la fundación, que considera que hay empresas que pueden tener “razones objetivas de peso” para hacer un ajuste de plantilla en los próximos meses y que el mismo pueda afectar a algún trabajador incluido en un ERTE.

“Penalizar estos ajustes no parece razonable y puede incluso ser contraproducente”, según el estudio, que explica que muchas pymes y autónomos no tenían otra opción para sobrevivir que acogerse a un ERTE, y la excepción de cumplir con la salvaguarda del empleo para empresas que se encuentran al borde de un concurso de acreedores es “claramente insuficiente”.

Fedea incide en que ese criterio “crea inseguridad jurídica y retrasa el ajuste de plantillas en empresas con un claro exceso de capacidad”, además de no ofrecer una alternativa para las compañías más pequeñas.

Propone permitir despidos objetivos por razones económicas, o como "opción todavía mejor" sustituir la penalización por una bonificación ligada al cumplimiento del requisito de mantener el empleo durante seis meses.

Por último, reclama un esquema de incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores, particularmente, de aquellos empleados en sectores donde la actividad no se recuperará por completo mientras que no haya una vacuna.

Para ellos plantea facilitar su movilidad hacia otros sectores con demanda de mano de obra, mejorar las condiciones de los ERTE si las empresas ofrecen formación a sus empleados durante las horas de inactividad o permitir compatibilizar de forma parcial y limitada en el tiempo la prestación con el salario si el trabajador acepta otro empleo.