Los datos compilados por las fiscalías provinciales hacen el recuento de diligencias abiertas hasta el pasado día 18 de mayo. Según esta última actualización, el Ministerio Público tiene en marcha una veintena de investigaciones más que la pasada semana, en la que las residencias investigadas ascendían a 140.

Según la información facilitada por la Fiscalía General del Estado, se han abierto 26 nuevas diligencias para investigar distintas situaciones, que van desde el fallecimiento de ancianos a la precaria situación en la que se encuentran los centros residenciales, pasando por casos de malos tratos o de presunta "gestión negligente". De ellas, 10 se han abierto en Madrid, siete en Castilla y León, seis en Cataluña, dos en Castilla La Mancha y una en Aragón.

Esta cifra es el resultado de sumar las nuevas actuaciones abiertas y restar las que han sido archivadas, en su mayor parte correspondientes a denuncias planteadas por distintos partidos políticos contra la gestión genérica de alguna comunidad autónoma o contra alguna residencia en particular.

Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 211 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil. La pasada semana, esas diligencias sumaban 185.

Se ha decretado el archivo de cuatro diligencias de investigación penal (dos en Canarias, una en Cantabria y otra en Castilla y León), del total de las que han sido incoadas en las fiscalías de los diferentes ámbitos territoriales como consecuencia de denuncias -algunas de ellas muy genéricas o de índole prospectiva- interpuestas por partidos políticos, particulares, asociaciones y otros. En estos expedientes, una vez practicadas las diligencias y comprobaciones necesarias en cada caso, no se ha detectado infracción penal alguna.

Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito, y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados, que ascienden a 21 en todo el territorio nacional.

Permanecen en trámite todas las diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española. Se ha abierto un nuevo expediente en la Fiscalía Provincial de Huesca.

En estas actuaciones se solicita y recibe información actualizada de forma permanente respecto de la situación en los establecimientos residenciales, además de facilitar el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

Están en marcha cinco procedimientos judiciales más incoados en diferentes juzgados, tres de ellos en Murcia, uno en Burgos y uno en Zaragoza, en relación con cualquier hecho ocurrido en los citados establecimientos.

El Ministerio Fiscal recaba también los datos oficiales disponibles y efectúa el seguimiento especial de estos procedimientos judiciales en atención a la particular vulnerabilidad de las potenciales víctimas.

Hay residencias de toda España investigadas. En concreto 79 están en la Comunidad de Madrid y otras nueve en distintos juzgados. La segunda comunidad con más residencias investigada es Cataluña, con 30 en total y cuatro diligencias en los juzgados. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (16); Castilla y León (16); Galicia (12); Extremadura (4); Baleares (1); La Rioja (1), y Aragón (3).