Titulada 'El costo de curar: Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 y más allá', la investigación documenta cómo "quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes".

Se arriesgan a sufrir "represalias de las autoridades o de sus empleadores si denuncian su situación", prosigue, y "en algunos casos, han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos".

Según el trabajo, los profesionales de la salud han padecido estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso una lapidación pública en Bolivia.

"Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas", denuncia Amnistía.

De 21 entrevistas a trabajadores sanitarios, solo dos personas aseguraron disponer de equipos de protección adecuados. El informe recoge el caso de un trabajador de la limpieza de un hospital en la capital mexicana de 70 años, que perdió un 16% de su salario por pedir que le eximiesen de trabajar en el área de enfermos de Covid-19 si no le proporcionaban equipos de protección.

Asimismo, subraya los ataques y amenazas a periodistas que alertan del riesgo para la salud de la pandemia y a los profesionales que denuncian falta de medios.

Según Amnistía, en América viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar la Covid-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados.

"Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud, para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliega donde más se necesita", exigió.

Finalmente, solicitó a los gobiernos que garanticen unas condiciones laborales seguras para las personas que trabajan en el área de limpieza y servicios auxiliares en instalaciones de salud y residencias de personas mayores.