Esa norma era una de las cinco medidas sobre emergencia climática que el Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a materializar en sus 100 primeros días en plenitud tras más de ocho meses en funciones por la inestabilidad política.

Esos 100 días se cumplieron el pasado 16 de abril, pero ese compromiso quedó paralizado ante la crisis sanitaria del Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que ha obligado al Ejecutivo a decretar el estado de alarma en España desde el pasado 14 de marzo.

La ley, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, forma parte de un paquete de energía y clima con el que el Gobierno pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo, puesto que el texto prevé que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050; es decir, que para entonces las emisiones que se expulsen a la atmósfera sean compensadas con las que ecosistemas como bosques u océanos pueden absorber.

El Consejo de Ministros ya adoptó una primera lectura de la ley el 22 de febrero de 2019. El texto definitivo ha sido enriquecido con aportaciones tras un proceso de participación pública y tras los informes instituciones pertinentes. El Parlamento dará luz verde final a la primera ley climática de la historia de España, un proceso que presumiblemente durará varios meses.

El Gobierno marca objetivos climáticos nacionales a medio y largo plazo. Así, pretende que en 2030 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% con respecto a 1990, las renovables aporten al menos un 35% del consumo de energía final, el 70% de la electricidad se genere con renovables y la eficiencia energética mejore en al menos un 35%. Y para 2050, España debería alcanzar la neutralidad climática.

VEHÍCULO ELÉCTRICO

En materia de movilidad y transporte, el proyecto de ley fija 2040 como fecha tope a partir de la cual sólo podrán venderse coches y vehículos comerciales ligeros nuevos -salvo los matriculados como vehículos históricos- libres de CO2 (concretamente, con cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido), de manera que antes de ese año irá reduciéndose la venta de vehículos contaminantes.

Para ello, el Gobierno trabajará con el sector con medidas de impulso a los vehículos que no contaminen, con lo que para entonces sólo se venderán los eléctricos y los impulsados por alguna tecnología libre de dióxido de carbono.

Además, todas las administraciones públicas deberán adoptar medidas para que en 2050 haya un parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

También se prevé un objetivo de cero emisiones directas de los buques cuando estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado para 2050; para ello, se promoverá la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones. También habrá objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo.

ZONAS URBANAS DE BAJAS EMISIONES

Por otro lado, el proyecto obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones como muy tarde en 2023, esto es, áreas con restricción de la circulación de vehículos contaminantes y de impulso del transporte público y los desplazamientos a pie, en bicicleta o por medios de transporte eléctrico.

Además, el Ejecutivo pretende que se rebajen, como ha pretendido hacer el ayuntamiento madrileño con Madrid Central, porque cualquier consistorio que se vea tentado a aprobar una regresión de las zonas ya existentes deberá contar con un informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medio ambiente.

Fuentes de Transición Ecológica señalaron que, en este aspecto, “la señal es clara” porque “no se pueden dar pasos atrás”.

Para facilitar el despliegue de los vehículos eléctricos, el Gobierno publicará una plataforma de información sobre puntos de recarga y el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios nuevos y en intervenciones de los existentes.

La norma obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida de potencia igual o superior a 50 kW para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.

Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos -o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo- deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua con el fin de que la recarga del vehículo sea rápida.

El texto fomenta planes específicos para el uso de gases renovables, como el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

La norma habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

HIDROCARBUROS

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen ('fracking'). Cinco años antes de expirar su concesión, las instalaciones en activo deberán presentar ante Transición Ecológica un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

El proyecto de ley establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la UE y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos climáticos. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los constes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta un 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

De igual modo, se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.

La norma dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente y cada dos años un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, el cual será remitido al Congreso de los Diputados.

ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

Por primera vez, la adaptación a los impactos del cambio climático pasa a tener reconocimiento en una ley; a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), habrá un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores.

Además, la ley establece que se trabajará en integrar los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Por último, el Gobierno debe aprobar cada cinco años una Estrategia de Transición Justa con la participación de comunidades autónomas y los agentes sociales para adoptar medidas que beneficien a trabajadores y territorios afectados por el cambio hacia actividades económicas menos contaminantes, particularmente las comarcas mineras.