El presidente nacional de Concapa, Pedro José Caballero, y el presidente de la Ceaaaec, José Antonio Cecilia, han presentado un escrito al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y a la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, en el que exponen que, "a pesar de tener presencia en más de 300.000 centros educativos de todo el mundo y algo más de 150 millones de antiguos alumnos", la ministra de Educación, Isabel Celaá, les ha "excluido intencionadamente", lo que imposibilita trasladarle las aportaciones de las organizaciones citadas a la nueva Ley de Educación.

Desde su perspectiva, la nueva ley se ha hecho sin tener en cuenta las directivas aprobadas por el Parlamento Europeo de Estrasburgo hace dos años, concretamente en la directiva sobre actualización de la Educación en la Unión Europea.

Además, la nueva normativa "propone un sistema de enseñanza contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias; a pesar de estar recogido en el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la Asamblea General de Naciones Unidas (1966)".

"Las consecuencias son imprevisibles en un futuro inmediato. También, a nuestro entender, se vulneran las libertades y derechos fundamentales afirmados en el artículo 27 de la Constitución Española, al igual que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", denuncian.

Según las asociaciones solicitantes de amparo, "la vulneración de todos estos derechos y libertades fundamentales generan una discriminación real y efectiva entre las familias", que afectarían directamente a la gratuidad de la enseñanza obligatoria, la libre elección de las familias, la inversión y los recursos educativos, la discriminacion de las famiias y la falta de una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales.