En rueda de prensa, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, informó sobre la decisión adoptada por el organismo, anunciada después de que la Policía registrase esta mañana la sede de la Mutua.

Según Granado, la Intervención General de la Seguridad Social ha notificado la detección de posibles irregularidades con “posibles responsabilidades penales, contables y administrativas”.

En este sentido, explicó que la Seguridad Social ya ha informado al Tribunal de Cuentas sobre las posibles responsabilidades contables y al Poder Judicial, a través de la Fiscalía General del Estado, de las penales, así como al juez correspondiente.

Aunque Granado apuntó que no puede hacer comentarios sobre las irregularidades que afectan al plano penal, señaló que las actuaciones en el plano contable revelan que en la Mutua se estaban incumpliendo requisitos de incompatibilidades, se habían registrado gastos que no habían sido autorizados y había vinculaciones inadecuadas con un “conglomerados de empresas que se habían constituido para tener relación con la entidad y cuya única actividad era la de facturar a la Mutua”.

INICIADA EN 2008

Según explicó Granado, la investigación comenzó en 2008 cuando diversas informaciones recabadas por la Intervención detectaban algunas actuaciones de la Mutua que podrían suponer irregularidades. A continuación se “profundiza” en la investigación de esas posibles irregularidades que culmina a mediados de 2009.

Ante esta situación, la Secretaría de Estado de Seguridad Social se dirige a la Junta Directiva de la Mutua solicitando la suspensión cautelar en sus funciones del director y la subdirectora, aunque esta petición fue rechazada y la entidad presentó sus alegaciones.

SIN COLABORACIÓN

“Nos hubiera gustado que se hubiese aceptado la cesión cautelar del director, pero la Junta Directiva entendió que no era lo adecuado”, lamentó Granado, quien apuntó que la Seguridad Social buscaba una “relación de colaboración” con la Mutua.

Sin embargo, la situación actual de “incertidumbre”, no es positiva “para nadie”, según el secretario de Estado, “ni para la Mutua, ni para nosotros y mucho menos para los implicados”.

Sin embargo, Granado quiso dejar claro que “las prestaciones están plenamente garantizadas”, por lo que transmitió a los trabajadores y a las empresas una “absoluta tranquilidad”.

En este sentido, aseguró que, para la Seguridad Social, la Mutua “sigue jugando un papel muy importante en el archipiélago” y añadió que la entidad “va a seguir existiendo y ahora funcionará más correctamente, una vez subsanadas las deficiencias”.

Ahora se abre un plazo de 45 días hábiles para que la Junta apruebe un plan de corrección de las irregularidades, que debe contemplar como mínimo las medidas disciplinarias sobre el personal implicado que se consideren oportunas, así como la “desvinculación urgente de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto”.

Por otro lado, explicó que la detección de estas irregularidad ha sido posible “gracias a los instrumentos de control que de forma permanente y cada vez más intensa la Seguridad Social viene realizando sobre las mutuas”. Además, afirmó que las irregularidades detectadas en la entidad no son nuevas, sino que llevan produciéndose desde hace años, solo que antes no se detectaban.

Según Granado, “la regulación era muy deficiente en marzo de 2004 y sobre todo su aplicación, ya que las mutuas rendían cuentas seis meses después de que venciera el ejercicio”. Sin embargo, ahora las mutuas lo tienen que hacer a través de Internet y de forma inmediata, por lo que el control actual “no tienen nada que ver” con el anterior.