Son carestías que pone de manifiesto en dos informes publicados este jueves donde analiza las fuertes vulnerabilidades con las que los países en desarrollo encaran la pandemia del Covid-19 y urge a adoptar medidas para ayudar con la crisis sanitaria, al tiempo que se evita así prevenir una agudización de la pobreza y se promueven los derechos humanos a la salud y la seguridad social.

Para la directora del departamento de Protección Social de la OIT, dijo Shahra Razavi, la crisis del Covid-19 es “una llamada de atención”, que ha demostrado que la falta de protección social “no solo afecta a los pobres”. “También –relata- pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes tenían una situación relativamente buena, pues el costo de la atención médica y la pérdida de ingresos puede destruir fácilmente el fruto de decenios de trabajo y los ahorros de una familia”.

La organización urge a “subsanar” dichas carestías “para atajar crisis futuras”. “La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto déficits catastróficos de cobertura de la protección social en los países en desarrollo, y la única forma de sostener la recuperación y prevenir crisis futuras es que estos países transformen sus medidas especiales de respuesta en sistemas de protección social integrales”, sostiene.

“Aunque el virus no discrimine entre ricos y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales”, se puntualiza en el informe, donde subraya que la capacidad de acceso a una atención de salud asequible y de calidad es ahora “una cuestión de vida o muerte” y muchos no tienen esa posibilidad.

Conforme a sus análisis la mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud y alrededor del 40% no está afiliado a un programa público que garantice el acceso asequible a la atención médica, con diferencias además “asombrosas entre regiones y grupos de ingresos”.

Por otro lado, advierte de que mientras en todo el mundo unos 800 millones de personas necesitan emplear el 10% de su presupuesto familiar para garantizarse servicios de salud o sanitarios, en países menos desarrollados el acceso a los mismos está prácticamente vetado porque supone más del 70% y cita como ejemplo a Bangladesh, Camerún o Nigeria.

Otro ejemplo que menciona para poner dimensión al problema es la escasez de mano de obra especializada en los servicios sanitarios, ya que estima que el sector de la salud enfrenta un déficit de 17, 4 millones de trabajadores, con particular incidencia en países de bajos ingresos y de ingresos medios bajos y alerta de que “se prevé que aumente aún más para 2030”.

Para encarar el problema emplaza a reforzar los sistemas sanitarios y ampliar la cobertura de la prestación de enfermedad a toda la población, asegurándose de llegar a las mujeres y los hombres con una relación de trabajo atípica o informal, a los trabajadores por cuenta propia, a los migrantes y grupos vulnerables.

Para la OIT uno de los desafíos es “cómo brindar apoyo a los 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, que representan el 76% del empleo informal en todo el mundo” y se ven “significativamente” afectados por las medidas de cierre en los sectores más afectados.

Según los datos que baraja los ingresos de los trabajadores informales o en economía en ‘B’ caerán en un 82% solo en el primer mes de la crisis. “Sin mecanismos de protección social apropiados que cubran a los trabajadores en todas las formas de empleo, incluido el trabajo por cuenta propia, millones de trabajadores caerán en la pobreza”, subraya.

Aboga por tanto por tratar de combatir la economía en ‘B’ o informal e ir progresivamente regularizando los empleos como forma de garantizar también la protección social, y pide elevar la cuantía de las prestaciones para que proporcionen seguridad de los ingresos.

En sus estudios aconseja también acelerar la concesión del subsidio, y ampliar el alcance de las prestaciones para que incluyan las actuaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como el tiempo pasado en cuarentena o cuidando de personas enfermas a cargo.

Como los medios son limitados pide especial atención a los encargados de la formulación de políticas para que eviten centrar toda su atención en el Covid-19, ya que ello podría reducir la disponibilidad de los sistemas de salud para responder a “otras afecciones que matan a personas todos los días”. Como ejemplo a evitar cita el caso de la pandemia de ébola y la forma en que todos los recursos se centraron en controlar ese virus, mientras se disparaba la mortalidad por malaria, tuberculosis y VIH/SIDA.

Entre sus demandas apela a la contribución internacional. Conforme a datos del FMI, más de 146 países han introducido medidas fiscales nacionales por un valor de 8 billones de dólares para encarar los costes de la crisis por el Covid-19, de los que más de la mitad irán a asistencia sanitaria y protección social.