En su intervención inicial en el debate de la Cámara Baja sobre este decreto, el ministro sostuvo que tumbar esta norma en sede parlamentaria provocaría en los tribunales un “cuello de botella” de difícil gestión y podría propiciar el cierre del 80% de registros civiles. Esto último se produciría porque la norma que aprobó el Gobierno el pasado 28 de abril incluye aplazar al año que viene la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 2018.

El decreto contra el colapso de los juzgados por el Covid-19 incluye medidas como declarar hábiles de los próximos 11 al 31 de agosto para todas las actuaciones judiciales. Además, se establece que los juicios, vistas y declaraciones sean telemáticos siempre que se pueda y se facilitan las reclamaciones por Expediente de Regulación Temporal de Empleo en pequeñas empresas, despidos durante el confinamiento y reclamación de ayudas públicas.

A este respecto, el ministro defendió que la crisis sanitaria por el coronavirus ha causado “estragos sociales” en España que pueden afectar “con gravedad” al sistema judicial, por lo que hacen faltan actuaciones “quirúrgicas” al respecto.

CONSENSO Y “COGOBERNANZA”

Por este motivo, Campo pidió a las fuerzas políticas estar a la “altura”, a pesar de que les pueda resultar “tentador” que el Gobierno perdiera esta votación del decreto contra el colapso judicial. Aseguró que los partidos deberían guiarse al respecto por el interés general y no por una “mirada estrecha” y “expectativas electorales”.

El titular de Justicia reclamó, en este sentido, “responsabilidad” y “lealtad” y destacó que el decreto fue consensuado con las comunidades, entre las que dijo están tanto las gobernadas por el PP como las formaciones nacionalistas. A este respecto, indicó que no convalidar el decreto supondría no valorar la “cogobernanza” que los Ejecutivos autonómicos venían pidiendo y que ha sido una demanda atendida por el gabinete de Pedro Sánchez.

Asimismo, el ministro resaltó que el decreto que este miércoles se vota en el Congreso no es una “medida aislada”, sino que se enmarca en el 'Plan Justicia 2030' que la actual dirección de Justicia ha planteado como “hoja de ruta” durante esta legislatura. Concluyó que por ello el decreto es un “puzzle bien planificado y consensuado” que permite evitar el colapso de los tribunales y posibilidad su reforma.