Así se recoge en el último informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2019 y hecho público este miércoles. El documento indica que "la problemática derivada de la señalización de tráfico sólo en lengua catalana ha tenido como consecuencia la remisión de diversos recordatorios de deberes legales a varias administraciones locales catalanas".

La institución dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán apunta que ha recordado a los cuatro ayuntamientos mencionados que deben cumplir el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece que "las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado".

"Si los ayuntamientos pretenden que los ciudadanos cumplan la normativa de tráfico, la señalización en los municipios debe ajustarse escrupulosamente a la legalidad", sentencia.

El Defensor del Pueblo precisa que no ha planteado la revisión de oficio de una propuesta de denuncia a algún conductor porque, pese a estar en catalán, la señal era "perfectamente comprensible por cualquier persona que sólo hablara castellano".

“ROCAMBOLESCO”

La institución considera "más rocambolesco" el contenido de una resolución de la Diputación de Barcelona en la que se aconsejaba a un ciudadano vasco residente en Algorta (Vizcaya) que si tenía dudas sobre la interpretación de la señalización en el municipio de El Masnou debía haber llamado a un policía para que le tradujera la leyenda de la señal. En este caso, el Defensor del Pueblo sugirió que se revisara de oficio el expediente sancionador, lo que fue aceptado por la administración provincial.

En otros casos, los denunciados se quejaron al Defensor de que las notificaciones recibidas sobre denuncias de tráfico estaban únicamente en catalán y no las entendían.

El Defensor del Pueblo recuerda que el artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Además, apunta que la Ley de Política Lingüística de Cataluña establece que el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamente por los ciudadanos en todas las actividades públicas y privadas sin discriminación, existiendo un compromiso especial de las instituciones de la comunidad autónoma para promocionar el conocimiento del catalán y fomentar su uso, con independencia de su carácter oficial.