En su último informe anual, el Defensor se hace eco de las quejas que recibe de ciudadanos por la facturación que han de abonar por las llamadas telefónicas efectuadas a los servicios de atención al cliente de las empresas que habilitan líneas 901 y 902.

El Defensor recuerda que la directiva comunitaria 2011/83/UE establece que los Estados miembros velarán por que el usuario no esté obligado a pagar más de la ‘tarifa básica’ en caso del empleo de líneas de este tipo.

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la UE interpretó en una sentencia de 2017 el concepto de ‘tarifa básica’ en el sentido de que el coste de una llamada de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder de una llamada a una línea fija geográfica o móvil estándar.

El Defensor señala que aunque la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) alude en su artículo 21 a una previsión semejante, en este caso no se especifica que debe considerarse una tarifa básica.

Por ello, dice que se ha dirigido al Gobierno “instando a modificar el referido precepto para incorporar la interpretación efectuada por el tribunal europeo”.

Según el informe, la Administración le ha contestado “ser consciente del problema planteado y que tenía previsto impulsar la modificación legislativa propuesta cuando la reanudación de la actividad legislativa lo permitiera”.

PORTABILIDAD

Sobre telecomunicaciones, la última memoria del Defensor del Pueblo señala en el ámbito legislativo que el ritmo de producción normativa no va acompasado con la dinámica de "un mercado en vertiginosa evolución técnica".

“Tal situación se exacerba si, como ocurre con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se carece de un reglamento de desarrollo regulador de las condiciones para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, del servicio universal y de la protección de los usuarios”, afirma el Defensor.

A su juicio, la laguna se ha venido soslayando mediante la aplicación del reglamento de la anterior norma, que se aprobó en 2005, “pero por un lado está lejos de dar una adecuada respuesta a los problemas actuales del sector y, por otro, se aparta de la lógica que se ha ido consolidando en el marco de la legislación de la Unión Europea”.

La Secretaría de Estado para el Avance Digital ha respondido que está previsto que la transposición al ordenamiento jurídico interno del Código de las Comunicaciones Electrónicas se efectúe mediante la aprobación de una nueva norma legal, para lo cual se han iniciado los trámites de consulta pública.

DEMORAS EN PORTABILIDAD

En este último informe, el Defensor señala que al igual que en años anteriores ha recibido escritos de abonados beneficiarios del servicio de teleasistencia domiciliaria, que han sufrido interrupciones en la prestación del servicio de telefonía.

También sigue recibiendo reclamaciones sobre demora en la tramitación de las solicitudes de portabilidad y traslado de líneas de telefonía.

En telefonía móvil, se continúan recibiendo escritos de ciudadanos que ponen de manifiesto su discrepancia con la falta del servicio de telefonía móvil, o bien con una prestación deficiente en las localidades en las que residen.

Las contestaciones recibidas “ponen de manifiesto que en la adopción de decisiones priman las estrategias de carácter técnico y comercial de las compañías”, señala el Defensor.

El acceso al servicio de Internet en condiciones adecuadas y de igualdad para todos los ciudadanos residentes en España es una cuestión que el Defensor dice que le “preocupa”, por “suponer una brecha digital que separa a los habitantes de las zonas menos pobladas, generalmente el interior de la península, de los de las áreas más pobladas, como las capitales o la zona litoral”.

El Ejecutivo le ha informado al Defensor sobre los planes de extensión de banda ancha y ayudas habilitadas para mejorar el acceso a Internet en la España vaciada.