Con la exigencia de la tarjeta sanitaria para acceder a la mascarilla gratuita, más de 30.000 residentes en la Comunidad de Madrid perderán su derecho a una protección eficaz, segun la entidad.

"Esta población trabaja, consume y forma parte de la sociedad madrileña, por lo que debe contar con los mismos derechos que cualquier otro residente”, exigió el presidente de la red madrileña, Daniel Méndez.

Por todo ello, la red ofreció su tejido asociativo, formado por 11 entidades, para gestionar la distribución de mascarillas entre la población migrante, y solicitó a la Consejería de Sanidad que dichos recursos de protección sean entregados a las entidades sociales que tienen contacto diario con estas poblaciones.

Según advirtió, "este abandono de una parte de la población representa un riesgo para el conjunto de la sociedad madrileña". “En el momento en que el Gobierno decide dejar a más de 30.000 personas sin ningún tipo de protección, aumenta el riesgo de contagio para todos los ciudadanos", señaló Méndez.