Así lo indicó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que se ha introducido un sistema que bonifica la incorporación de empleados a su puesto de trabajo sin dejar de ayudar a transitar durante la crisis a aquellas compañías cuyo negocio no pueda normalizarse durante un mayor plazo de tiempo.

Para ello el real decreto regula los ERTE de fuerza mayor parcial, donde las empresas pueden ir incorporando a parte de la plantilla y mantener a otra suspendida, y extiende su vigencia de forma general junto a los ERTE de fuerza mayor total hasta el 30 de junio.

De forma adicional abre la puerta al mantenimiento de esta herramienta más allá en el calendario en aquellos sectores y empresas que no puedan recuperar su actividad normal por culpa de la pandemia y las restricciones establecidas para evitar su propagación.

A tal efecto y según recordó Montero, se creará una Comisión Tripartirá integrada por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, junto a responsables de los ministerios de Trabajo y Economía Social y el departamento de Inclusión, y Seguridad Social que se ocupará de analizar la oportunidad de prorrogar los ERTE más allá de junio en determinados sectores y empresas.

En los ERTE parciales se contemplan exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social como en los ERTE de fuerza mayor, pero primando la vuelta al trabajo. No cambiará la situación para los empleados afectados por su suspensión, que continuarán percibiendo la prestación por desempleo como hasta hora.

Sin embargo, para las empresas las reglas sí se modifican durante su proceso de desescalada o reactivación progresiva para incentivar la vuelta al trabajo. En concreto, las compañías con 50 o menos trabajadores se desgravarán el 85% de la cuota a la Seguridad Social en mayo y el 70% en junio de los empleados que se reincorporen a la actividad productiva y la bonificación será inferior para aquellos que mantenga bajo el régimen del ERTE.

Si su plantilla es superior, la bonificación será del 60 y 45% en ambos meses para los trabajadores que vuelvan a su puesto de trabajo e inferior también para los que se mantengan en situación de desempleo o suspendidos por el ajuste temporal.

“Claramente se plantea un beneficio para que las empresas puedan ir incorporando a los trabajadores y que, lejos de ser esto un elemento que sea gravoso para las empresas, suponga una motivación añadida” por las exoneraciones incluidas en el real decreto, defendió Montero.

Durante su intervención elogió que se trata de un acuerdo alcanzado entre sindicatos, empresarios y el Gobierno “intentando defender aquello que más valoran los ciudadanos, además de la salud, como es el empleo” y poniendo así “los cimientos” para que la crisis económica provocada por el Covid-19 no provoque “destrucción de esas oportunidades laborales”. Se trata, dijo, de que “nos conjuremos” y de que en el futuro “todos vamos a hacer una apuesta decidida por la recuperación del empleo en nuestro país”.

Según defendió, el texto normativo “aúna los intereses de todos: de los trabajadores, de los empresarios y, obviamente también del Gobierno, en la defensa de la viabilidad del modelo de negocio y al mismo tiempo de la recuperación de la actividad con las mejores facilidades”.

Prueba de la “eficacia” de los ERTE indicó que en la actualidad más de 3 millones de los 5,2 millones de trabajadores que están cobrando la prestación a través del Servicio Público de Empleo se encuentran inmersos en un ERTE por fuerza mayor.

“Este dato pone de manifiesto la eficacia de esta media y, por tanto, la importancia de poder mantenerla durante el tiempo que dure el decreto de alarma, mientras estamos con esta situación aguda de la pandemia, y posteriormente también en aquellos lugares, en aquellos entornos de actividad económica donde así se decida”, añadió.

En este sentido apeló a la importancia de “caminar juntos” en esta fase de desescalada también en el mercado laboral y mantener el acompañamiento a las empresa y trabajadores, e insistió en la importancia de fomentar el diálogo “en todos los niveles de la sociedad”. “España necesita el concurso de todos. Nadie sobre en esta tarea”, abundó confiada que dicho espíritu de colaboración impere también en los futuros trabajos de la Comisión de Reconstrucción del Congreso.