Las propuestas incluidas en el documento tienen como objetivo reducir la carga de trabajo en los juzgados y tribunales, agilizando la tramitación de los procedimientos judiciales mediante el uso de las nuevas tecnologías, y/o evitar desplazamientos a las sedes judiciales.

La selección de las medidas se ha guiado por los siguientes criterios: que sean posibles tanto económicamente como en disponibilidad de medios personales y materiales, que su implantación no supere en ningún caso el plazo de un mes y que sean eficaces para cumplir los objetivos marcados.

Todas las medidas técnicas que se proponen han sido comunicadas a las administraciones con competencias en materia de Justicia, que han colaborado con aportaciones que también se recogen en el documento, en el que se incluyen un total de doce propuestas.

Se trata de impulsar el cumplimiento de los acuerdos ya aprobados por el CGPJ relacionados con la instrucción digital 1/2018 sobre el `puesto de trabajo del juez´, en los que se establece la obligación de utilizar las herramientas informáticas puestas a su disposición, así como el requerimiento a las Administraciones prestaciones para que subsanen las deficiencias que impidan su óptima utilización.

Dentro del catálogo de medidas figura el traslado de copias cuando no sea preceptiva la intervención de procurador. En el caso dla jurisdicción civil, cuando las cuantías sean inferiores a 2.000 euros, en la contencioso-administrativa y en la social, se requeriría incluir en los formularios de entrada telemática de escritos y notificaciones (LexNET, PSP, e-justicia.cat) una pestaña de búsqueda de otros profesionales para dar traslado de los mismos y así hacer el envío de modo automatizado, sin que se necesitara más que una comprobación por parte del personal del Juzgado de que se ha realizado.

Se pretende tratar el incremento del volumen de datos de manera informática para evitar remisiones en papel que retrasan la gestión del procedimiento, mejorar los medios tecnológicos para facilitar el dictado de sentencias ‘in voce’ con sistemas de grabación fiables de modo que la resolución quede documentada y consultada por los interesados legalmente legitimados para ello, habilitándose un sistema de notificación, porque los actuales no permiten enviar un documento multimedia si es muy grande. Así. se propone almacenar la grabación en una nube accesible para el destinatario final.

Este plan prevé la celebración de comparecencias y vistas virtuales, la implantación de un Tablón Edictal Judicial Único, residenciado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además de evitar desplazamientos físicos a las sedes de los órganos judiciales para consultar los tablones de edictos tradicionales, garantizaría las fechas de publicación de estos, a efectos de cómputo de los plazos procesales.

En materia de teletrabajo, el documento advierte de que solo será eficaz cuando se resuelva la conexión remota de los Jueces, de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios de las Oficinas Judiciales y que para que sea posible es necesario contar con sistemas de gestión procesal en los que se haya implantado el Expediente Judicial Electrónico, evitando por tanto el uso del papel.

Además, prevé el impulso de nuevos servicios en el Punto Neutro Judicial, como exhortos telemáticos o consultas a las entidades financieras, por ejemplo, relativas a cuentas a la vista o a personas físicas o jurídicas, e implantar la transferencia telemática bancaria como única forma de pago de las cantidades consignadas en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.

El documento contempla modificar los sistemas de gestión procesal para poder inadmitir los repartos incorrectos, establecer criterios unificados para el registro de escrito y habilitar canales alternativos para el envío de avisos y notificaciones, tales como avisos por SMS seguro y correo electrónico seguro, ambos contrastables mediante Código Seguro de Verificación (CSV); realización de notificaciones a través de las sedes judiciales electrónicas para las personas jurídicas o, voluntariamente, las físicas que lo requieran; o generalización de la realización de actos de comunicación a través de los procuradores de las partes personadas en los procedimientos, actualmente solo está prevista cuando así lo solicite el procurador.