Los firmantes señalan que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han defendido la "necesidad de adoptar alternativas a la privación de libertad, incluida la excarcelación", de personas reclusas "vulnerables o de riesgo" ante la epidemia, como "grupos de edad avanzada o con patologías previas".

Subrayan que algunos países ya han tomado medidas al respecto y, aunque admiten que el Ministerio del Interior ya las ha prometido para presos en tercer grado, apuntan que, por la falta de sistemas de control telemático, sólo beneficiarían a 3.000 personas. Por eso, indican, "Instituciones Penitenciarias debería adoptar medidas alternativas más intensas" y hacerlo "sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito".

En concreto, estas nueve fuerzas parlamentarias solicitan, en primer lugar, excarcelar a encarcelados en situación de vulnerabilidad: presos enfermos, de avanzada edad y los que hayan cumplido las tres cuartas partes partes de la condena.

Además, piden reforzar las medidas de protección en los centros penitenciarios y realizar diagnósticos rápidos a reclusos para prevenir y evitar la propagación del virus en prisión.

Durante la fase de desescalada, apuestan por recuperar las comunicaciones directas de las personas presas con sus familias y abogados y extenderlas con llamadas gratuitas y ampliando las videollamadas sin las limitaciones actuales.

Finalmente, piden el acercamiento generalizado de presos que así lo soliciten a prisiones cercanas a sus domicilios y familias, empezando por los más alejados de sus domicilios y con los padres y madres con hijos menores.