Son cifras proporcionadas por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso con los datos compilados por el organismo hasta ayer.

Calviño subrayó que el 98% son operaciones con pymes y autónomos y, por autonomías, el mayor porcentaje del aval solicitado se ha concentrado en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía aunque explicó que hay operaciones en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Por sectores, indicó que el turismo, el ocio y la cultura “son los que más peso tienen tanto en operaciones como en cantidades avaladas” por el ICO, aunque también destacó la “intensidad” en el uso de esta línea por parte de la construcción, las infraestructuras, el comercio minorista y mayorista, y los servicios empresariales, profesionales y administrativos.

La ministra destacó el programa entre el amplio abanico de medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a empresas, autónomos y pymes a encarar el impacto de la crisis sanitaria, junto a otras medidas de liquidez como son las moratorias hipotecarias, en créditos al consumo o los aplazamientos en tributos.

En conjunto recordó que las medidas aprobadas hasta la fecha tienen un coste global de casi 139.000 millones de euros, incluyendo tanto los incrementos de gasto público como las reducciones de ingresos y ciertas medidas de liquidez.

El programa de avales del ICO se aprobó por 100.000 millones de euros, de los que ya se han liberado 64.500 millones en tres diferentes tramos. El último fue por una cuantía total de 24.500 millones e incluye 20.000 millones en garantías para financiar a empresas, pymes y autónomos, 4.000 millones para emisiones de pagarés en el mercado alternativo MARF y 500 millones para reforzar los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y aumentar así la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las Comunidades Autónomas.