Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, dio cumplida cuenta de muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno para conseguir que la economía, que antes de la Covid-19, “estaba capeando mejor que otras el complejo entorno internacional” sortee lo antes posible un impacto que el propio Ejecutivo augura que provocará una caída del 9,2% en el PIB este año para rebotar el 6,8% al próximo ejercicio.

La ministra defendió que la situación actual de emergencia sanitaria y aguda crisis económica exige actuar en tres frentes. El primero continuar adoptando medidas “eficaces para amortiguar el impacto económico y social” entre empresas, familias, trabajadores y autónomos “para preservar el tejido productivo y las rentas familiares en las mejores condiciones posibles para afrontar la recuperación”.

Se trata, dijo, de “evitar que se creen bolsas de pobreza, que se destruya empleo y que se cierren negocios perfectamente solventes” y que “son prioridades absolutas para este Gobierno”. El segundo frente que mencionó es “la unidad” o el trabajo conjunto entre las administraciones públicas, los agentes sociales y los partidos políticos para “afrontar las difíciles semanas de la desescalada” y “lograr un gran Pacto de Reconstrucción Social y Económica” para el país.

El tercero sería lograr una respuesta “ambiciosa de la Unión Europea para impulsar la recuperación económica y social en todos los estados miembros”. Al respecto recordó que España reclama la creación de un gran Fondo de Recuperación con hasta 1,5 billones de euros para financiar, “durante los próximos dos o tres años”, programas de “relanzamiento de la economía” que incluya también la estrategia de transición ecológica y la revolución digital.

También recordó que el Gobierno ha pedido en Europa revisar el Marco Financiero Plurianual de los próximos 7 años teniendo en cuenta la situación actual y para que también preste “la atención debida” a políticas claves como la cohesión o la agrícola común. Medida ambas que se sumarían a la triple red de seguridad acordada para dar apoyo a Estados con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), a empleados con el proyecto SURE para apoyar mecanismos como los ERTE y a las empresas, con fondos del Banco Europeo de Inversión. Las tres líneas de actuación se dotarán en su conjunto con 550.000 millones de euros.

“La profundidad de esta caída y la recuperación posterior dependerán enormemente de cuánto tiempo se prolongue la crisis sanitaria y las necesarias medidas de confinamiento y distanciamiento social”, explicó.

Por eso detalló que aquí “se impone la prudencia”, como defiende el Gobierno “para proteger la salud y seguridad de los españoles”, y ahora que los datos de la epidemia apuntan a que podrán levantarse las restricciones hacerlo gradualmente, “con precaución y con prudencia, para prevenir cualquier tipo de paso atrás”. “Es el momento de avanzar en los planes para el día después”, añadió.

Calviño pidió una contribución “leal y responsable” porque la crisis también entraña una oportunidad “para avanzar en agendas que eran urgentes antes y que ahora son inaplazables” y que permitirán “una recuperación más fuerte y sostenible” como es la de la transición ecológica y la revolución digital.

La ministra lanzó un mensaje de optimismo sobre la capacidad de la economía para encarar la recuperación, subrayando que contaba con bases “sólidas” antes de empezar la crisis al haber corregido desequilibrios del pasado y los fundamentos “siguen siendo los mismos que hace unos meses nos hacían crecer por encima de la media de los países de nuestro entorno”.