El pleno del TC admite a trámite los recursos por más de 50 senadores del Partido Popular y más de 50 diputados de Vox contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas. Los grupos parlamentarios recurrentes consideran que la norma impugnada ha podido vulnerar los artículos 86.1 y 9.3 de la Constitución.

Ambas formaciones acudieron al Constitucional por entender que Gobierno usó de manera abusiva una disposición final del decreto de medidas económicas contra el coronavirus para blindar la presencia de Pablo Iglesias en la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El PP califica este acto en su recurso de “abuso legal” para la “utilización partidista del estado de alarma”. Un hecho que considera “muy grave” y que incomodó a los populares que pidieron una votación separada de esa disposición contenida en un decreto de medidas económicas, con las que los populares estaban de acuerdo.

El PP defiende en su recurso que el decreto ley es una figura reservada a casos “de extraordinaria y urgente necesidad”, circunstancia que no concurre en lo que a la inclusión de Iglesias en la Comisión Delegada del CNI se refiere.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos entró a formar parte de la comisión de monitoriza la labor de los servicios de inteligencia el pasado mes de febrero, saltándose el precepto que establece la presencia de un vicepresidente del Gobierno, puesto que era cubierto por Carmen Calvo.

También Vox recurrió lo que consideraron un “truco” del Gobierno para “blindar” la “aspiración personal” de Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El partido liderado por Santiago Abascal considera que la situación de alarma sanitaria “no permite al Gobierno actuar a su antojo”.

Sostienen que la disposición final del decreto sobre el coronavirus "carece de toda conexión con la grave crisis sanitaria, social y económica a que trata de hacer frente" y denuncia que ahora se satisface la reivindicación de Iglesias que motivó la ruptura de negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para la investidura de 2016.