El Gobierno español se adhirió a esta declaración conjunta a través de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, según informó su departamento.

El texto reconoce que la humanidad se enfrenta a una “amenaza sin precedentes” que está causando un “impacto devastador” en los sistemas de salud, las economías, las vidas, los medios de vida y el bienestar de toda la población, especialmente los más mayores.

Por ello, receta ante la pandemia “solidaridad” y “cooperación” entre todos los gobiernos, científicos, actores de la sociedad civil y el sector privado.

También reconoce que el Covid-19 “afecta a mujeres y hombres de manera diferente”, ya que “empeora las desigualdades” de género y ahonda en la discriminación de otros colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad y las personas que viven en situación de extrema pobreza.

Ante esta situación, insta a incluir en el centro de todos los esfuerzos “la participación, la protección y el potencial de todas las mujeres y niñas”, teniendo en cuenta que las medidas de confinamiento y de alejamiento social “aumentan el riesgo de violencia de género”.

A su vez, reclama que las respuestas a esta crisis de salud pública incluyan a todas las mujeres y niñas que sean refugiadas migrantes o desplazadas internas, lo que le lleva a concluir que “cualquier restricción al disfrute de los derechos humanos debe ser prescrita por la ley, de conformidad con el derecho internacional y rigurosamente evaluada”.

Al mismo tiempo, señala que han de priorizarse las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y la protección contra la violencia de género, al tiempo que se garantizan los derechos y el bienestar de las adolescentes durante el cierre de las escuelas.

Por esa razón, muestra su respaldo a la participación activa y a la toma en consideración de las mujeres y niñas en todos los niveles de toma de decisiones para garantizar que se tienen en cuenta las cuestiones de género en la respuesta frente a la pandemia.

En ese sentido, apuntaron como prioritaria la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para evitar el aumento de la mortalidad materna y neonatal.

Por último, aplauden la sensibilidad de la comunidad internacional a la hora de entender la importancia de la puesta en marcha de una respuesta de emergencia en los países más vulnerables y por dar “pleno efecto” al “compromiso global” de materializar el “acceso universal” a la atención médica.

Esta declaración la suscriben los gobiernos de Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guinea, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Macedonia del Norte, México, Moldavia, Montenegro, Naminia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Túnez, Tuvalu, Ucrania y Uruguay.