Según Consumo, el “objetivo” pasa por “dar las mejores respuestas” tanto en el presente como durante las próximas fases de la desescalada.

En un comunicado del Ministerio, Garzón asegura que la situación derivada la crisis sanitaria y de la declaración del estado de alarma, “ante una pandemia global sin precedentes en la historia más reciente”, ha traído consigo “la imposibilidad de ejecutar un elevado número de contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios”.

Ante esta realidad, se busca mejorar la coordinación con las comunidades y “evaluar e intensificar” el trabajo de las administraciones para que las medidas urgentes recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en el ámbito social y económico para la protección de los derechos de consumidores y usuarios “sean efectivas”.

“La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos requiere de las mejores respuestas y compromisos en todos los ámbitos para proteger a la población de nuestro país ante el virus, a la vez que se minimiza el impacto social y económico sobre las familias y las empresas”, asegura Garzón en su escrito.