Así lo confirmó este martes la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde explicó que en el nuevo tramo se prohibirá “de forma expresa” a las entidades bancarias “cargar ningún coste financiero sobre el crédito no dispuesto por el cliente”.

Se quiere, con esa prohibición, dar “respuesta a las quejas” expresadas por algunos clientes, e indicó que el Ejecutivo está sometiendo la concesión del programa del ICO a una labor de “vigilancia” y refuerzo para ajustar los tramos que vaya liberando a las situaciones y necesidades que vayan surgiendo.

Entre los 24.500 millones se incluyen 20.000 millones para garantizar créditos y préstamos con un reparto del 50% para avales en financiación a pymes y trabajadores autónomos, y el 50% restante para grandes empresas.

Otros 4.000 millones serán para avalar emisiones de pagarés en el mercado alternativo MARF, cuya negociación se ha visto también perjudicada por el Covid-19, pero sólo para empresas con sede social en España. La ministra explicó que se limita a emisores con sede social en España “para evitar” que vaya a compañías radicadas en paraísos fiscales o “que los fondos públicos se puedan utilizar para repartir dividendos”.

Los últimos 500 millones de euros serán para la Compañía Española de Refinanciamiento (Cersa), de forma que también se ponen los avales del ICO en la órbita de las sociedades de garantía recíproca. Son sociedades muy arraigadas en el terreno y muy pegadas al tejido industrial más pequeño -pymes y autónomos- que proporcionan garantías para muchos negocios que, por su pequeña dimensión, a veces tropiezan con dificultades para obtenerla en el circuito habitual bancario.

Hasta ahora sólo se habían dispuesto avales para crédito y refinanciaciones, pero posteriormente se abrió el programa para la deuda emitida en pagarés que emiten en el MARF empresas de tamaño mediano y a Cersa.

El tramo del crédito lo comercializan 86 entidades financieras desde el pasado 18 de marzo. Hasta ayer lunes y según Montero, se registraron en el ICO 269.843 operaciones de financiación para obtener avales por valor de 27.510 millones de euros con los que se movilizarán 36.190 millones en financiación total. Según dijo, el 98% ha ido a operaciones de pymes y autónomos.

El uso de esos fondos es para atender necesidades como pagos de salarios, facturas, de circulante u otras necesidades de liquidez e, incluso, aquellas otras derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, excluyendo las refinanciaciones o la amortización anticipada de deudas preexistentes.

Su aval cubre al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.