Son conclusiones de una encuesta que ha realizado la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Conetic).

El sondeo se realizó el pasado abril a una muestra de empresas repartidas por toda la geografía española y de distinto tamaño: 33,3% empresas con menos de 10 empleados; 32,1% empresas entre 10 y 50 empleados; 28,4% empresas entre 50 y 250 empleados; 4,9% empresas entre 250 y 1000 empleados, y 1,2% empresas de más de 1.000 empleados.

El 43,2 % afirma que la pandemia tendrá un impacto negativo en los resultados de la empresa y requiere de medidas que afectarán al negocio y al empleo. Por el contrario, un 13,6% prevé que tendrá un impacto negativo en los resultados de la empresa pero podrá ser asumido sin otras consecuencias, mientras que el 2,4% de las empresas afirma que tendrá un impacto positivo en los resultados de la empresa e incluso en el empleo.

Analizando la disminución de ingresos, un 39,5% estima una reducción de resultados entre un 10% y un 20%, un 18,5% espera una caída de sus resultados entre un 20% y un 30%, y un 14,8% calcula una disminución entre un 30% y un 40%.

Entre las medidas que han iniciado las empresas tecnológicas para hacer frente al impacto económico del coronavirus, casi la totalidad (un 96,3%) ha facilitado el teletrabajo y un 62,2% ha permitido la distribución flexible de la jornada. Sin embargo, una de cada tres (34,1%) ha puesto en marcha un ERTE y un 41,5% ha tenido que recurrir a financiación externa. No en vano, el 64,2% de las empresas encuestadas cree que habrá un aumento de la morosidad.

Al analizar los ERTE, un 50% se han aplicado por reducción de jornada y un 60% han sido de suspensión de contratos de trabajo. La principal razón alegada ha sido por fuerza mayor (un 65%), seguido de causas de producción (un 30%), causas económicas (un 12,5%) y causas técnicas (un 7,5%). En caso de acudir a un ERTE el 46,8 % de las empresas estima que afectará a entre el 10% y el 20% de la plantilla.

De las medidas anunciadas y puestas en marcha ya por el Gobierno, el 62,2% de las empresas encuestadas afirma que la de mayor utilidad ha sido el incremento de las líneas ICO de financiación. Le siguen las suspensiones de plazos que afectan a temas fiscales (un 51,2%), la ampliación de los plazos fiscales que afectan a ingresos a la Administración (un 47,6%), el aplazamiento de deudas tributarias (un 43,9%) y las líneas de avales ICO (un 43,9%). También ha sido significativo (un 41,5%) las medidas que afectan a la contratación pública. Por el contrario, el permiso retribuido recuperable ha sido una de las medidas de menor utilidad para las empresas (un 6,1%).

“Más allá de las medidas concretas para ayudar a las empresas afectadas por el Covid-19, desde el Gobierno se debería apostar por un verdadero plan de digitalización e innovación que inevitablemente pasa por poner en marcha políticas, programas y apoyos institucionales y educativos para fomentar la formación y capacitación tecnológica de empleados y nuevos candidatos para ayudar a las empresas a innovar y mejorar su productividad mediante la aplicación de la tecnología”, señala Tomás Castro, presidente de Conetic.

Al preguntar a las empresas sobre las medidas adicionales que debería anunciar y poner en marcha el Gobierno muchas demandan más ayudas para la transformación digital de la pyme (incluyendo un plan de digitalización de la sociedad española) así como medidas específicas para startups y para las empresas con gran afectación en su negocio.

Las empresas encuestadas también demandaban una mayor seguridad jurídica respecto a los ERTE; pruebas serológicas para saber quién ha pasado la enfermedad y quién no para activar la economía cuanto antes; la simplificación de trámites y la agilidad en las gestiones con la Administración; la condonación de Impuestos y la Seguridad Social por igual a todas las empresas y autónomos, incluido el IVA; la reducción importante de impuestos, como por ejemplo el de sociedades de 2019 para empresas que mantengan el empleo y que no se apliquen partidas presupuestarias destinadas a incentivar la actividad económica para cubrir el agujero de las prestaciones por desempleo.