Así se lo detalló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros de Hacienda de las autonomías en una reunión mantenida este lunes para explicarles cómo se instrumentará el fondo de “reconstrucción” de 16.000 millones de euros creado para que el Estado sufrague sus costes por la crisis sanitaria.

De la cuantía total, 10.000 millones se destinarán a atender el gasto sanitario, 5.000 millones para compensar una menor recaudación tributaria en las regiones por la restricción económica y los 1.000 millones restantes para atender el gasto social.

En la partida para gastos sanitarios las regiones recibirán un primer pago de 6.000 millones “en el corto plazo” y otros 4.000 millones en el segundo semestre.

Para distribuir ambos tramos se han fijado los indicadores sanitarios apuntados, pero su ponderación será diferente ya que para los 6.000 millones primeros pesarán más los ingresos en UCI y las hospitalizaciones por Covid-19, con porcentajes del 35 y 25% sobre una ponderación de 100%.

Para los siguientes 4.000 millones el parámetro de población ajustada o población protegida equivalente pasará a ponderar un 40%, seguido por un 30% de los ingresos en UCI, un 20% de las hospitalizaciones y un 10% los positivos por PCR.

La razón es que en el primer tramo serán primordiales las variables que reflejan el impacto directo de la emergencia sanitaria sobre los sistemas de salud y en el segundo gana relevancia el indicador que ofrezca la población porque la prioridad será que las comunidades preparen sus sistemas sanitarios para prevenir cualquier posible rebrote, según comentó la ministra a los consejeros regionales.

Tanto el indicador de población ajustada como el de población protegida equivalente miden y ajustan el peso de la población en función de criterios como los residentes mayores de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 años o la insularidad, entre otros.

El tramo de 1.000 millones destinados a cubrir el mayor gasto social se repartirá con los mismos criterios de población y superficie utilizados para la distribución del Fondo Social Extraordinario de 300 millones que el Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo para hacer frente a la pandemia.

Por último, Montero se mostró favorable a que la fórmula para repartir los restantes 5.000 millones, pensados para compensar a las regiones de la caída de sus ingresos fiscales, salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria. Se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, que tiene como principal misión coordinar la gestión de los tributos cedidos.

Durante el encuentro, la ministra aseguró que analizará las propuestas de los consejeros a la hora de diseñar la fórmula final para la distribución de los recursos. Les explicó que la totalidad del fondo de 16.000 millones se instrumentará a través de transferencias directas que no tendrán que devolver, no les generará intereses ni aumentará su deuda y tampoco condicionará su acceso a otros fondos de liquidez.

Será la administración central quien asuma el impacto en sus cuentas públicas de la pandemia y así garantiza que todas las comunidades cuenten con recursos para dar un servicio sanitario de calidad y universal, según indicó.

Los recursos serán, por tanto, gratuitos y “en ningún caso” su desembolso supondrá que las comunidades “reciban menos recursos por el sistema de financiación o vean reducido su acceso a los mecanismos extraordinarios de liquidez”, como son el FLA o la Facilidad Financiera.

Montero les explicó que las CCAA recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% o 7.093 millones más que el pasado año gracias a medidas como los anticipos a cuenta ya realizados.

Una circunstancia que está favorecida además porque el Ejecutivo ha adelantado los fondos a las regiones sin tener, incluso, presupuestos y calculando sus importes bajo el escenario de que la economía creciese un 1,6% en lugar de contraerse un 9,2% como se preveía antes de estallar la crisis por el Covid-19.