Así lo reclama en el ‘Informe de Estabilidad’ publicado este lunes y donde detalla entre las principales medidas ya adoptadas la liquidez para empresa y autónomos o la aprobación de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) que está evitando que se dispare el desempleo.

“Una respuesta de las autoridades económicas contundente, rápida y coordinada resulta crucial para mitigar los efectos de la crisis y evitar que sus efectos sean duraderos en el tiempo”, afirma, abogando por actuar para ello en el triple frente de políticas económicas nacionales, europeas y globales y que cubran las áreas fiscales, monetarias y prudenciales.

Se trata, con toda esa artillería, de evitar que una perturbación, “que tiene un efecto esencialmente transitorio”, aunque “muy severo”, sobre la actividad y la estabilidad financiera, “se convierta en más persistente”. “Esta respuesta de política económica debe acomodarse, tanto en su magnitud como en su duración, a los propios efectos económicos de la pandemia”, defiende.

Para España espera precisamente una contracción de entre el 6,6 y 13,9% en la economía este año, en función de la duración de la crisis que, a corto plazo, reconoce como muy severa –en el primer trimestre cayó un 5,2%- y que resulta imposible de anticipar ante las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia.

En el caso de España la política fiscal se ha traducido en inyecciones de liquidez directa con programas del ICO o mediante el aplazamiento en el pago de algunas obligaciones tributarias y facilitando el ajuste temporal de las plantillas de las empresas sin que los trabajadores pierdan todos sus ingresos.

Además, en el caso de los hogares, se han reforzado las prestaciones por desempleo y asegurado los suministros básicos, con moratorias en préstamos hipotecarios o de créditos al consumo y habiéndose anunciado también la próxima implementación de un subsidio para las familias con ingresos muy reducidos, recuerda.

Sobre el programa de avales “de gran volumen”, considera que su “adecuada” utilización “debería permitir que las empresas puedan financiar sus necesidades de liquidez, moderando la desaparición de empresas y preparando al tejido productivo para una eventual reactivación cuando las medidas de contención de la pandemia puedan ser relajadas”.

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN

Sin embargo, aboga, como están haciendo también los agentes sociales, a que estas medidas “tendrán que adecuarse a la duración efectiva del confinamiento y acompañar a la economía durante el proceso de recuperación de la normalidad”.

“En este proceso de acompañamiento, deberán adaptarse a las diferentes velocidades a las que previsiblemente evolucionarán los distintos sectores de actividad”, asumiendo que conllevará un incremento muy significativo del endeudamiento público a escala nacional y global, “cuya reducción deberá afrontarse una vez se disipen los efectos de la crisis”.

Por ello, demanda que, junto al “necesario” papel de la política fiscal en la actual crisis “como garante de las rentas de hogares y empresas”, deberá ya acompañarse del diseño de un programa de consolidación fiscal de medio plazo para que, una vez que los efectos de la crisis se disipen, “reduzca los desequilibrios de las finanzas públicas”. A la vez reclama un programa de reformas estructurales, “que permitan aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía”.

UN PLAN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

No obstante, el organismo es cauto sobre el impacto final del Covid-19, precisamente ante la dificultad de anticipar su duración, por lo que insta a las autoridades a “estar preparadas para adoptar medidas adicionales si ello se considera necesario”. “Estas incluirían aquellas que contribuyan a reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades europeas ante la crisis y las necesidades financieras que podrían surgir a raíz de la misma”, refiere.

Más allá del campo nacional de actuación, el Banco de España reclama una actuación de mayor contundencia por parte de Europa y en política también fiscal para complementar el ambicioso programa de estímulos aprobado por el Banco Central Europeo (BCE) y que solo en compra de deuda movilizará, al menos, 750.000 millones de euros.

“Las medidas aprobadas por las autoridades nacionales y por el BCE deben complementarse con una respuesta europea contundente”, explica, detallando que la pandemia es un mal común en toda Europa. “Hacerle frente requiere una actuación decidida y ambiciosa de las autoridades e instituciones comunitarias a través de los instrumentos existentes, tanto financieros como presupuestarios, así como de posibles nuevas herramientas”, refiere.

El organismo reconoce los avances conseguidos con los avales del BEI, la línea de crédito dispuesta para los Estados del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) y fondo para sufragar parte de los costes asociados a los expedientes de regulación temporal de empleo.

Sin embargo, anima a buscar nuevos instrumentos dando “prioridad a aquellos que refuercen la capacidad del conjunto de la UE para favorecer unas condiciones de financiación adecuadas con las que sufragar los cuantiosos costes de la crisis”, así como de la “reparación” de la capacidad de crecimiento de todos los Estados miembros dañada por la pandemia. “La crisis actual hace más urgente que nunca avanzar en completar el área monetaria óptima que pretende ser el área del euro”, concluye.