Así se refleja en la actualización del Plan Presupuestario remitido ayer a la Comisión Europea, en el que se detalla el impacto previsto por la crisis producida por la pandemia del Covid-19 tanto en el incremento del gasto como en la caída de los ingresos.

En dicho documento el Ejecutivo prevé que el déficit público suba del 2,82% en el que cerró 2019 hasta el 10,7% en 2020, y que la deuda pública alcance el 115,5%, frente al 95,5% a cierre del pasado ejercicio. El cuadro contempla también una caída del 9,2% del PIB de España en 2020 y una recuperación del 6,8% en 2021, mientras que en lo que respecta a la tasa de paro prevé que aumente desde el 14,1% en el que cerró 2019 al 19% en 2020 y que en 2021 baje al 17,2%.

Por el lago del gasto, el Gobierno estima que la ratio de gasto público sobre PIB se incremente desde el 41,9 por ciento del PIB en 2019 hasta el 51,5 por ciento en 2020, con un aumento en términos absolutos de 54.765 millones.

MEDIDAS

Sin embargo, el documento remitido a Bruselas cifra en más de 140.728 millones de euros el impacto total de todas las medidas. De dicha cantidad, la mayor parte, 104.400 millones, corresponden a las garantías aprobadas por el Gobierno y, de las cuales, hasta 100.000 millones se refieren a la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

Este apartado de garantías también incluye 2.000 millones de la línea extraordinaria de cobertura aseguradora con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, cuyo objetivo es dar cobertura de crédito circulante para pymes y empresas no cotizadas que sean exportadoras; 1.200 millones de la línea ICO de avales para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares en situación de vulnerabilidad social y económica; y 1.000 millones de la línea de garantías Covid-19 de Cersa para cubrir el riesgo de crédito de operaciones de financiación para Pymes.

Tras este apartado de garantías, el Gobierno cifra en más de 28.403 millones de euros el gasto del conjunto de medidas sanitarias, económicas, laborales y sociales aprobadas, entre las que destacan 17.840 millones en prestaciones a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 3.766 millones por la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos y pymes.

Asimismo, se contemplan otros 2.867 millones de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, 1.400 millones de crédito extraordinario en el Ministerio de Sanidad para atender gastos extraordinarios del Sistema Nacional de Salud, y 1.354 millones en prestaciones por el reconocimiento como baja laboral de los trabajadores aislados por contagio de Covid-19.

REDUCCIÓN EN 6.119 MILLONES DE LA RECAUDACIÓN FISCAL POR MEDIDAS

En tercer lugar, el documento también recoge el impacto presupuestario, por un total de 6.119 millones de euros, en forma de pérdida de ingresos por medidas fiscales como la aplicación temporal de un IVA del 0% en la adquisición de material sanitario por entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, cifrada en 1.022 millones menos de recaudación; 2.216 millones de euros menos por la suspensión de cotizaciones sociales en las empresas afectadas por ERTE; y 1.100 millones menos por el cambio de sistema permitido a pymes y autónomos en el cálculo de la liquidación del IRPF y el Impuesto de Sociedades.

Además, el Plan Presupuestario también recoge un coste de 634 millones de euros de las distintas medidas aprobadas por las comunidades autónomas y de 300 millones en el caso de las entidades locales y hasta 872 millones de euros en garantías aprobadas por las comunidades autónomas.

LOS INGRESOS FISCALES CAERÁN EN 25.711 MILLONES

Por el lado de los ingresos, el documento destaca que la caída del PIB y del empleo “lastrará la recaudación de muchas de las figuras tributarias”, especialmente el IRPF, las cotizaciones sociales y el Impuesto de Sociedades. En concreto, la previsión es que los ingresos caigan 25.711 millones, un 5,2% menos respecto al pasado ejercicio, aunque la gran caída del PIB hará que este apartado pase de representar el 39,1% del PIB en 2019 a un 41,2% en 2020.

Por impuestos, la previsión es que la recaudación por IRPF alcance los 96.655 millones de euros, un 2,4% menos en relación a los 99.013 de 2019, mientras que el Impuesto de Sociedades recaudaría 23.592 millones de euros, un 8,7% menos.

Respecto al IVA, la estimación es de unos ingresos de 76.731 millones de euros, un 5,2% menos respecto a los 80.964 millones de 2019.

En cuanto a las cotizaciones sociales, el Gobierno prevé que “el deterioro temporal del mercado de trabajo” haga caer estos ingresos en 9.227 millones, un 5,75% menos.

En el caso de los Impuestos sobre Producción e Importaciones, la caída sería del 6,4%, con 133.473 millones de euros estimados este año. Dentro de los distintos impuestos que conforman esta rúbrica la mayor caída la experimentan los Impuestos sobre los Productos, con una caída de un 13,1%, pasando de ser su recaudación en 2019 de 40.226 millones de euros, a estimarse en 34.971 millones de euros en 2020.

Por su parte, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados recaudaría un 37,9% menos “como consecuencia de la falta de operaciones por la inactividad económica” y los ingresos por los Impuestos Especiales se situarían en 21.672 millones, un 6,4% menos.