“Es indudable que el confinamiento y la crisis desencadenada por la pandemia van a tener repercusiones negativas en la salud de muchos niños y niñas, especialmente entre los más vulnerables”, afirmó la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de la ONG, Catalina Perazzo.

La organización se remite a los datos de la Sociedad Española de Obesidad que estima que el peso de los niños y niñas aumentará una media del 5% durante el confinamiento, así como que el impacto será mayor entre quienes ya sufrían problemas de sobrepeso u obesidad.

Save the Children recordó que el derecho a la salud está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño e insistió en que el cierre de los comedores escolares ha supuesto un problema para los hijos e hijas de las familias más empobrecidas que encontraban en ellos “la única posibilidad de recibir una dieta equilibrada y saludable”.

En algunas regiones como la Comunidad de Madrid, se han articulado políticas alternativas a estos comedores. No obstante, la ONG criticó al Gobierno madrileño por haber contratado está servicio con la empresa de comida rápida Telepizza con “menús poco saludables” y de los que se benefician, precisamente, los menores de familias más empobrecidas.

“Las autoridades públicas tienen las herramientas para evitar que el impacto de esta pandemia desencadene una peor salud en los niños y las niñas a corto y a largo plazo, ya que hay que tener en cuenta que los hábitos alimenticios que se establezcan durante este periodo serán difíciles de corregir más adelante”, alertó Perazzo.

Save the Children pidió a las administraciones “poner el foco en los niños y niñas más vulnerables en términos sociales y en términos de salud” y que se implementen “políticas para que todos ellos tengan garantizada una alimentación saludable”.

Para ello, propone que se facilite un “sistema de reparto de alimentos domiciliario a los hogares que lo requieran o que se garantice una prestación social suficiente para todas aquellas familias que lo necesiten, empezando por las más vulnerables”.

Otra opción sería articular un sistema de “tarjetas monedero” para que las familias puedan disponer del dinero para adquirir ellas mismas los productos alimentarios, como hace la Comunidad Valenciana.