El Ministerio Público se adapta así a las nuevas condiciones tras la publicación del real decreto ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia del 28 de abril.

Esta normativa remite a los fiscales a unos criterios generales que deberán ser aplicados por los fiscales jefes para su adaptación a las distintas situaciones territoriales y que afectan a la presencia progresiva de fiscales en sus sedes, el trabajo y la asistencia por turnos, el teletrabajo o el reparto equitativo en función de las nuevas circunstancias.

Recuerda la Fiscalía General del Estado que el real decreto ley configura un nuevo marco regulador en el servicio público de la Justicia para procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se supere y para hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad.

Los fiscales tendrán que aplicar normas que garanticen la distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas, así como promover el uso de las nuevas tecnologías en las actuaciones procesales y evitar la concentración de personas en sedes judiciales.

La prestación del servicio presencial, se hará atendiendo a las medidas de precaución dictadas por las autoridades sanitarias. Además, se introduce una expresa referencia a la conciliación, ya prevista en el plan de igualdad, que contempla la conciliación como un derecho de las personas. Aquellos que tengan menores o mayores a su cargo deberán acreditar la situación para que se tenga en cuenta a la hora de organizar turnos y la incorporación a sedes.

A la hora de organizar turnos para atender los servicios de la Fiscalía, los fiscales jefes o decanos tendrán en cuenta la situación de aquellos de sus miembros que puedan formar parte de grupos especialmente vulnerables por edad, por estar embarazadas o por padecer diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, hepática o renal crónicas, cáncer o inmunodeficiencia. En estos casos habrán de seguirse las recomendaciones concretas para su situación.

En cualquier caso, continúa siendo una prioridad evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos y potenciar el uso de medios telemáticos, en especial las videoconferencias y el teletrabajo, para evitar la presencia de los fiscales en su puesto de trabajo. Su presencia en las salas de vista será la “estrictamente imprescindible”, y estará condicionada por la disponibilidad de medios técnicos. “La efectiva presencia de fiscales en las dependencias de las fiscalías se limitará en tiempo y número a lo estrictamente necesario”.

Además, la presencia de fiscales y personal auxiliar en las fiscalías vendrá condicionada por los espacios disponibles. El reparto de asuntos será equitativo en función de la disponibilidad de cada uno de los fiscales, compensando la necesidad de presencia efectiva en las fiscalías o sedes judiciales con el despacho ordinario de asuntos, en su caso.

Por ello, los fiscales que se hallen en las situaciones descritas de vulnerabilidad o necesidad de conciliación deberán asumir funciones que no conlleven su presencia física en las sedes pero que contribuyan a un reparto equitativo del trabajo en sus fiscalías.

La atención al público de manera presencial se restringirá y se procurará realizar estas tareas por vía telefónica o a través del correo electrónico. Las juntas de fiscalía presenciales quedan suspendidas hasta que las condiciones sanitarias lo permitan y las reuniones necesarias se podrán realizar por medios telemáticos. Igualmente se mantiene la suspensión de las visitas o inspecciones presenciales a las residencias de mayores, personas con discapacidad, centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores.

Esta instrucción contempla reforzar plantilla en la atención a los asuntos civiles, tanto en materia de familia, como las residencias de mayores. Serán los fiscales jefes lo que deberán determinar el número máximo de fiscales y personal auxiliar que puede incorporarse presencialmente y de manera gradual al servicio.