Así lo manifestaron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en este encuentro virtual organizado por Nueva Economía Fórum.

El dirigente de UGT dijo que “no sería capaz de afirmar que el Gobierno vaya a tener acordado a finales de mayo” el Ingreso Mínimo Vital que está diseñando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que el debate “va a llevar mucho más tiempo del que tenemos” para que la nueva prestación engarce con las que existen a nivel autonómico.

Por ello, abogó por que el Ejecutivo arbitre alguna medida “de manera provisional” para que aquellas personas que no tienen ningún ingreso “puedan subsistir, por lo menos, durante la pandemia”.

En este sentido, destacó que trabajadores que se encontraban en economía sumergida se han visto afectados por la crisis y no tienen acceso a prestaciones públicas por no declarar su trabajo.

“Siento pena y vergüenza de que en un país como el nuestro no sea capaz de atender las necesidades” y haya “colas en instituciones benéficas para recibir alimentos”, confesó Álvarez.

De esta manera, exigió al Ejecutivo que “cierre el círculo que iniciamos de protección social con el mínimo vital de manera inmediata, aunque sea temporal, aunque se revise cada mes o cada dos meses”.

Desde CCOO, Sordo también defendió un “ingreso de emergencia que fuera paralelo” al Ingreso Mínimo Vital, al apuntar que poner en marcha esta nueva prestación conlleva “complejidad” y si se aprobara a finales de mayo “se haría en un tiempo récord”. Pero para entonces, Sordo indicó que queda un mes y “hay gente en este país que ni tiene empleo ni tiene posibilidades de encontrar un empleo”.

Cifró en torno a seis millones de personas las que tienen alguna renta de sustitución derivada del sistema de desempleo o de nuevas prestaciones creadas por el Covid-19, pero incidió en que quedan fuera de ese esquema los que se encuentran en la economía sumergida.

Además, recordó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CCOO y UGT en el Congreso de los Diputados para establecer una renta básica es compatible con el Ingreso Mínimo Vital porque su iniciativa prevé una protección para más personas.