Es un tratado internacional que protege los derechos de estas personas cuyo texto entró en vigor en España en mayo de 2008.

En este contexto y coincidiendo con el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de mayo, el director del Real Patronato sobre Discapacidad y director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, manifestó su clara apuesta por la “colaboración, cooperación y coordinación entre entidades y administraciones” para diseñar de forma conjunta políticas innovadoras y buenas prácticas en materia de discapacidad.

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica y social provocada por el Covi-19, Celada defendió que la protección de los derechos de este colectivo debe ser prioridad para todos.

“No podemos dejar que los avances que se han conseguido en los últimos años relativos a la inclusión retrocedan y para ello debemos trabajar de una manera cohesionada para evitar que los vacíos que hemos encontrado se repitan en el futuro”, subrayó.

El objetivo de esta jornada es contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de esta convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.

Precisamente, el Real Patronato sobre Discapacidad subrayó en una nota de prensa que su misión es promover la inclusión social según esta convención, generando y transfiriendo conocimiento, cooperando institucionalmente con otros organismos y entidades públicas y privadas y concienciando a la sociedad a través de la planificación de políticas, estrategias, planes y programas relativos a la discapacidad.

De hecho, entre las diferentes actuaciones que se recogen en el nuevo plan estratégico del organismo destaca el apoyo y la cooperación con otros departamentos de la administración y entidades del tercer sector para garantizar la transversalidad de la discapacidad y la accesibilidad en las leyes, las políticas y actuaciones, así como en las contrataciones y adquisiciones realizadas por la administración central.