Es la principal conclusión del Panel de Consumo alimentario que este martes presentó el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, en la reunón del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria.

De acuerdo con ese informe, desde la semana previa a la declaración del estado de alarma, hasta cinco semanas después, no se han observado movimientos que puedan indicar la existencia de operaciones especulativas que provoquen incrementos de precios anómalos.

Varias organizaciones agrarias han denunciado alzas estas semanas en artículos como el aceite de oliva virgen.

ESTADÍSTICA

Además de los datos del Panel de consumo, el secretario general se remitió al Índice de Precios al Consumo de la alimentación del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de marzo, que apenas varió el 0,1 % frente a febrero, así como a la información facilitada por la distribución alimentaria.

El secretario general indicó en la reunión del observatorio que todos los agentes de la cadena alimentaria han tenido que soportar mayores costes debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, como la adquisición de equipos de protección individual, adaptación de nuevos requisitos higiénico-sanitarios en los centros de acondicionamiento y manipulación de los producción, así como en los puntos de venta, sin que estos costes se hayan trasladado de manera significativa a los precios finales al consumo.

Agregó que la cadena alimentaria ha funcionado en su conjunto en el curso de una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado nuestra sociedad y el mundo, garantizando el suministro de alimentos en todo momento en calidad, cantidad y sin que se produzcan perturbaciones en los precios.

El departamento que dirige Luis Planas insiste, como viene haciendo desde el comienzo de la crisis, que está vigilando los precios al consumo de una amplia gana de alimentos, tanto en el mercado mayorista (Mercas) como en los puntos de venta al consumidor.

ESTUDIOS SOBRE LA CADENA DE VALOR

Por otra parte, Miranda expuso que el ministerio realizará a lo largo de 2020 la actualización de un primer grupo de estudios sobre la cadena de valor y la formación de precios, que incluyen el aceite de oliva virgen extra, leche líquida, melocotón y nectarina, seleccionados previa consulta con los diferentes sectores y las comunidades autónomas.

Agricultura atiende de esta manera la decisión tomada por el observatorio en su anterior reunión de retomar la realización de estos estudios, que se llevaron a cabo entre 2007 y 2014, ya que son una herramienta muy útil para obtener información fiable sobre la formación de precios en la cadena alimentaria y poder evaluar posibles distorsiones.

Durante la reunión, el secretario general informó sobre las actuaciones que ha realizado el ministerio para conseguir un reparto más justo del valor a lo largo de la cadena alimentaria. Para ello, el Gobierno ha promovido la modificación de la ley de la cadena alimentaria, en dos fases: mediante el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, convalidado por el Congreso el pasado 25 de marzo, y a través de un anteproyecto de ley que incorporará la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, y que actualmente se encuentra en fase de consulta pública, previo al envío del texto del anteproyecto de ley al Consejo de Ministros y posterior remisión a las Cortes.

Miranda recordó que en este anteproyecto se van a incorporar medidas de gran calado, como la prohibición de nuevas prácticas comerciales abusivas, que supondrá un importante avance en la lucha contra los elementos distorsionadores de la cadena agroalimentaria.