El secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro J. Linares, hizo hincapié en la necesidad de “garantizar centros seguros” para que se vuelva a desarrollar el trabajo con normalidad y advirtió de que serán “vigilantes”.

De lo contrario, Linares reclamó que la Inspección de Trabajo se centre en que se cumplan las normas de seguridad como garantía de los trabajadores o, de lo contrario, “es inaceptable que no paralicen la actividad”.

Además, abogó por la creación de “planes de continuidad de la actividad adaptados a la nueva realidad” y explicó que “se deben negociar los procesos de incorporación”.

No obstante, Linares indicó que la Inspección de Trabajo no tiene la “competencia exclusiva” de la paralización de la actividad laboral, “ya que lo relacionado con el Covid-19 es competencia sanitaria no atribuible a condiciones laborales”.

La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre, reclamó “prestaciones a todos los efectos y no solo económicas” para aquellos afectados por el Covid-19, “ya que la enfermedad puede dejar secuelas para toda la vida”.

Asimismo, García de la Torre instó al Ministerio de Sanidad a que vuelva al criterio de tratamiento a personas sensibles anterior al recientemente actualizado, que elimina a los enfermos renales y hepáticos e introduce personal sanitario y no sanitario en los grupos de riesgo. “Estos criterios obligan a trabajar a personal que estaba dado de baja sin garantizar su seguridad y su salud”, añadió.