Con estas medidas, la Fiscalía pretende mejorar el servicio público, satisfacer el interés general y defender los derechos de la ciudadanía. En la propuesta figura la iniciativa de desarrollar el principio de oportunidad en los delitos leves según las recomendaciones del Consejo de Europa.

También se contempla evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos, simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos, medidas específicas en materia trata de seres humanos, cuyas víctimas deberán ser atendidas de manera prioritaria o el fomento de la justicia restaurativa a través de la 'Mediación intra-procesal'.

De igual modo, la Fiscalía General dirigida por Dolores Delgado propone potenciar los juzgados de Violencia de Género exclusivos, ampliar el ámbito objetivo y de la conformidad del procedimiento para enjuiciamiento rápido de determinados delitos y para el procedimiento abreviado e impulsar el sistema de la videoconferencia en todos los órdenes jurisdiccionales.

El impulso de la justicia digital, la gestión procesal única para todo el territorio nacional y la Agencia tecnológica para la administración de justicia deberán servir para generalizar el uso de medios telemáticos. El plan también contempla la creación o continuación de los instrumentos de coordinación institucional creados por la crisis y habilitar el mes de agosto para ayudar a desatascar la justicia cuando acabe el confinamiento.

Finalmente, el plan remitido por la Fiscalía al Ministerio de Justicia contempla la normalización de los atestados policiales para el impulso y simplificación del procedimiento penal, priorizar la atención sanitaria a otras pruebas de determinación de la edad y la optimización de los recursos procesales y personales en la jurisdicción de menores.