Lo hace después de que ayer la Mesa de la Cámara Baja admitiera su comparecencia luego de que tanto la propia jefa de la diplomacia española como PP, Vox, EH-Bildu y Ciudadanos lo solicitara con el objetivo de explicar la acción de Exteriores durante la crisis y las gestiones habidas para facilitar el retorno de los españoles a los que la pandemia les sorprendió en el extranjero.

La ministra de Exteriores comparecerá el mismo día que tiene lugar la reunión del Consejo Europeo para intentar encontrar una posición común con la que afrontar la derivada económica de la pandemia del coronavirus.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tendrán que validar las decisiones adoptadas por el Eurogrupo que permiten que los países que lo necesiten puedan recurrir a una línea de crédito del fondo de rescate europeo (MEDE) por valor de 240.000 millones de euros, facultan al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a movilizar 200.000 millones para empresas, especialmente pymes, y permiten que la Comisión emita bonos para financiar herramientas como los ERTE españoles con el fin de evitar despidos masivos por un monto de 100.000 millones.

También deberán abordar la creación de un fondo para la recuperación económica. En esa línea, el Gobierno español planteará la puesta en marcha de un fondo dotado con hasta 1,5 billones de euros financiado con deuda perpetua, que se repartiría como transferencias y no deuda entre los países más afectados por la crisis, y que puede estar vinculado al presupuesto de la UE.

Esta propuesta se presenta como una vía intermedia entre las posiciones de los países del sur de Europa como Francia, Italia y la propia España, partidarios de la emisión de deuda conjunta, y los del norte, capitaneados por Alemania y Países Bajos, contrarios a la creación de los coronavirus.

De hecho, la posición española es parecida a la que propuso Francia hace unos días (creación de un fondo gestionado por la Comisión para financiar programas estratégicos) y podría ser digerible para la canciller alemana, Angela Merkel, quien ayer prometió solidaridad en estos momentos de crisis y apuntó a las posibilidades que ofrece el presupuesto comunitario.

Sobre este particular, González Laya siempre ha considerado “indispensable” forjar una solución “coordinada” y “solidaria” en el seno de la Unión Europea para superar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha gestionado el retorno a España de alrededor de 24.000 españoles desde que se decretara el estado de alarma como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El departamento dirigido por González Laya cuenta con más de 4.500 personas trabajando denodadamente desde 215 embajadas y consulados para facilitar el regreso a España de aquellos españoles que desean volver a sus hogares con motivo de la crisis motivada por la pandemia del coronavirus.

A esos españoles les informa “permanentemente” a través de los teléfonos de las representaciones de España en el exterior, la página web, perfiles en redes sociales. También tiene habilitado las 24 horas con 140 personas el teléfono de la Unidad de Emergencias: +34 913 948 900.

Algunas de esas repatriaciones de españoles han tenido lugar a través del Mecanismo Europeo de Protección, que hasta la fecha ha permitido que alrededor de 460.000 ciudadanos comunitarios hayan sido repatriados.

Los Estados miembros están activando este mecanismo siguiendo unos protocolos de actuación en los que están implicados otros países de la UE y las autoridades locales de aquellos lugares en los que se encontraban sus nacionales de turismo y que carecían de la capacidad para regresar debido al cierre de las comunicaciones y la imposibilidad de encontrar alternativas para su salida.

En ese sentido, España lo ha activado para repatriar nacionales que se encontraban en distintos países de América Central, Filipinas e India.

Uno de los asuntos polémicos a los que la ministra de Exteriores ha tenido que hacer frente es a las restricciones que algunos países están imponiendo a la salida de material sanitario de sus fronteras ante el temor a eventuales desabastecimientos.

El caso más sonado fue el bloqueo que durante unos días Turquía impuso sobre unos respiradores adquiridos por los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Navarra, cuya llegada a España se materializó tras las gestiones efectuadas por Exteriores con las autoridades turcas.

Menos eco mediático ha tenido la decisión de Israel retener unos respiradores adquiridos por los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid y Cataluña, cuya llegada a España todavía no ha sido posible a pesar de las gestiones de González Laya.

Por último, la jefa de la diplomacia española ha mantenido una intensa agenda de contactos bilaterales con sus homólogos de distintos países y con representantes de distintos organismos multilaterales, a los cuales les ha trasladado la experiencia española en la gestión de la crisis, les ha instado a abordar la misma de manera coordinada y les ha urgido a tener en cuenta la solidaridad con aquellos países más expuestos a los estragos del Covid-19 por carecer de medios e infraestructuras adecuadas.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento a aquellos países que aplican sanciones a Cuba, Irán y Venezuela para que, aplicando la “cláusula humanitaria”, las levanten y, de este modo, estos países puedan tener acceso a material sanitario con el que hacer frente al coronavirus.

También ha abogado por colaborar con los países “más pobres y que son más vulnerables” ante el Covid-19, fundamentalmente africanos y de América Latina, para dotarles de los medios humanos y materiales que les permitan afrontar la pandemia con ciertas garantías.