Los aspirantes de la promoción 2018-2020 señalan que una vez obtenido el Grado en Derecho y el Máster Obligatorio de Acceso a la Abogacía y realizadas las prácticas externas establecidas por la ley, se encuentran con el examen de aptitud, previsto en un primer momento para el 28 de marzo, suspendido `sine die´, por lo que reclaman “una solución a la máxima brevedad posible a la situación de incertidumbre” en la que se encuentran.

A día de hoy, dice el escrito, “millones de españoles permanecemos confinados en nuestras casas por expresa solicitud del Gobierno Español, como medida para evitar un mayor número de contagios y promoviendo toda aquella actividad laboral que pueda ser realizada por medios telemáticos para evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones de personas”.

Los estudiantes defienden que esta situación “sin precedentes” es suficiente justificación para que se valore la posibilidad de eximirles de realizar la prueba de aptitud para el ejercicio de la abogacía.

Aseguran que ni minusvaloran la citada prueba, pero consideran que habiendo finalizado la formación académica y práctica que se requiere para el ejercicio de la Abogacía, y “quedándonos como último paso la realización de la prueba de aptitud para el ejercicio de la profesión y que consiste en un test, debido a la situación de excepcionalidad que se está viviendo a nivel mundial, debe sopesarse” la posibilidad de que queden exonerados en esta ocasión.

Advierten que para la realización de la evaluación de aptitud “es necesaria la aglomeración de miles de personas en un mismo espacio cerrado”, lo que “contraviene las recomendaciones procedentes del Ministerio de Sanidad que no permiten aglomeración alguna. Y en cualquier caso de realizarse debería ser bajo estrictas medidas de seguridad que incluyan el uso de mascarillas, guantes, gel antiséptico, etc.”, y asegurando una distancia de metro y medio entre aspirantes.

Y todo eso sin contar con la probabilidad que algunos de los aspirantes puedan, incluso, ser portadores del Covid-19 y asintomáticos o bien, estén infectados, debiendo confinarse a fin de no contagiar a los demás”, por lo que no podrían concurrir al examen por causa de fuerza mayor. Igualmente, estarían limitados aquellos admitidos a examinarse que se encuentren en el extranjero.

Los estudiantes de estos másteres han cumplido ya con todos los requisitos establecidos por la ley a excepción de esta prueba que les da acceso a la colegiación profesional, obligatoria para ejercer como abogados o procuradores. Por tanto, a falta de prueba no se pueden incorporar al mercado laboral con la consiguiente “pérdida de oportunidades profesionales”, esgrimen.

Tras reconocer que el Ministerio de Justicia “no es el causante de la actual emergencia sanitaria” ni de la suspensión de la prueba de acceso, sí que recuerdan que “tiene la competencia para aportar una solución eficaz en el menor tiempo posible y solventar la problemática en la que nos encontramos”. Llegan a esgrimir que “demorando nuestro acceso al ejercicio de la profesión, sentimos que se nos vulnera nuestro derecho constitucional al trabajo”.

Para finalizar su escrito, proponen varias alternativas. La primera de ellas es la realización telemática del examen, que supondría la creación de una plataforma que llevaría un tiempo indeterminado y la inversión de recursos materiales y humanos, así como la garantía de que todos los aspirantes tienen las condiciones técnicas necesaria para concurrir en igualdad de condiciones a la prueba. Descartan como inviable, la realización presencial de la prueba y solicitan que se les exonere de pasarla.