Pese a ello, el tribunal adopta una medida cautelar propia que consiste en requerir al Ministerio de Sanidad que adopte todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario y que informe quincenalmente ante la propia sala de las medidas adoptadas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y la distribución de los mismos entre las comunidades autónomas.

La sala recuerda que en este momento, en el que se resuelve una medida cautelar, no procede analizar si existe una inactividad de la administración puesto que eso se resolverá cuando se analice el fondo del asunto, en sentencia.

Pero el tribunal sí ha considerado que el interés público esencial y común de preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios así como de las personas a las que asisten, exigen otras cautelas que procede acordar.