En su opinión, todos estos factores están detrás de la "inexplicable" decisión de no derivar a muchos pacientes mayores a los hospitales. La guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial se aprobó el 24 de marzo, cuando el estado de alarma se decretó el 14, según indicó la asociación en un comunicado.

"Las comunidades autónomas tampoco reaccionaron aunque tenían compentencias para ello", prosiguió, al no intervenir en los centros más críticos. Considera, por ello, que el fallecimiento de tantas personas se debió "a la conducta omisiva del Gobierno y comunidades autónomas", pues de otra manera no se comprende que muchas residencias no derivaran a los ancianos a los servicios de Urgencias, subrayó.

La asociación seáló que el protocolo acordaba que los ancianos no podían abandonar sus residencias, "algo absolutamente lógico en un estado de alarma con la medida de confinamiento que alcanzaba a todos los ciudadanos", apuntó, pero no determinó de forma clara que debían ser dirigidos a los servicios de Urgencias ante la aparición de los primeros síntomas".

Según el Defensor del Paciente, esta suposición "no tiene cobertura legal, pues siempre ha existido el deber de avisar a Emergencias en los supuestos de aparición de síntomas, al igual que sucede con cualquier otro ciudadano en situación de confinamiento".

En cuanto al argumento de que los servicios públicos estaban saturados, la asociación se preguntó cómo podían tomar esta decisión los responsables de las residencias sin consultar a los profesionales de Urgencias. Además, en caso de ser así, los pacientes podrían haber sido derivados a la sanidad privada, que que está obligada a recibirlos, concluyó.