En una entrevista concedida a Servimedia, Caamaño se refirió a que esta petición de cárcel para Antonio Rubio “es una decisión propia de la Fiscalía”, que está actuando “dentro de las posibilidades que le permite el ordenamiento jurídico”.

El titular de Justicia añadió que es conocido que en el inicio de los procesos penales la Fiscalía suele pedir unos “máximos” en lo que se refiere a las penas, lo que supone que estas peticiones del Ministerio Público “se van ajustando en función de los hechos que se van declarando probados, de las circunstancias, etc”

En todo caso, Caamaño señaló que “corresponde al juez calibrar” lo sucedido y determinar finalmente si se debe imponer al periodista de “El Mundo” una condena por haber informado el 31 de mayo de 2005 de que las notas del confidente “Cartagena” probaban “que la Policía controlaba a los jefes del 11-M”.

A este respecto, el ministro añadió que “puede sorprender que en nuestro ordenamiento jurídico exista una norma” que permita pedir cárcel para Antonio Rubio, aunque añadió que, sin entrar “en algo que sólo pueden decidir los tribunales”, hay que tener en cuenta que uno de los aspectos a analizar es si “se están descubriendo elementos reservados de una instrucción, fundamentales, y que eso puede causar graves perjuicios sociales”.

“Probablemente no sea el caso, pero el tipo (legal) en el que se está pensando contempla todas esas posibilidades”, remarcó Caamaño, quien reiteró que será el juez el que determine “si esos hechos son subsumibles y si esa denuncia tiene que ver con los hechos que se están enjuiciando”.