El plazo tope inicial del 30 de marzo expiró con el decreto de estado de alarma y ahora Trabajo ha añadido un mes adicional al de la futura conclusión del periodo de excepción para que las comunidades remitan la información relativa a la totalidad de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

La justificación de estos fondos es requisito necesario para poder proceder al libramiento de los fondos correspondientes a 2020, y por eso Trabajo amplía el plazo en un horizonte temporal que vaya más allá de la propia vigencia del Estado de alarma.