En un comunicado, la CEC señaló que el hecho de que el estado de alarma haya limitado la venta física a bienes y servicios de primera necesidad, pero no haya establecido límites a la venta online, “causa un gran perjuicio al pequeño comercio”, poniendo en peligro 1,2 millones empleos en el sector.

Asimismo, la confederación asegura que su petición responde a una cuestión de seguridad y recuerda que algunos países, como Francia, ha exigido a determinadas plataformas internacionales limitar su venta a productos esenciales hasta que se haga una evaluación exhaustiva de los riesgos a los que se exponen sus trabajadores.

Para la CEC, “resulta contradictorio que mientras la inmensa mayoría de trabajadores están confinados en sus casas para limitar los riesgos de contagio de coronavirus, miles de repartidores y transportistas continúan desplazándose de un lugar a otro para entregar pedidos”.

Además, la CEC denuncia también que, en lo que respecta a la venta física, algunos grandes operadores están vendiendo productos no autorizados en sus superficies.