Unidas Podemos denunció esta situación el pasado 6 de abril. Los letrados Enrique Santiago y Martina Velarde reclamaban que se iniciasen “las acciones penales que pudieran corresponder” contra los responsables de los supuestos delitos de “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal”, así como “por cualquier otro que se apreciara de oficio por esta Fiscalía General a la vista de los hechos denunciados”.

Su denuncia advertía sobre la existencia de una “organización criminal” encargada de este tipo de actuaciones. “Estamos sin duda -expone la denuncia- ante una estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado, es decir, que buscan dañar a la sociedad española, a las instituciones y a todas las personas que viven en nuestro país”.