Así lo aseguró este martes en La Moncloa la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué, quien compareció junto al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en la rueda de prensa de los técnicos que están haciendo seguimiento en España de la pandemia del coronavirus.

Durante esta comparecencia, Allué fue preguntada por el hecho de que en los últimos días sanitarios y empleados de supermercado hayan dado a conocer que sus vecinos les dejan mensajes en el portal instándoles a no vivir en su casa durante la crisis sanitaria por el coronavirus, al considerar que pueden propagar el Covid-19 por sus lugares de residencia.

A este respecto, esta responsable policial resaltó que las comisarías siguen abiertas durante el estado de alarma para denunciar cualquier conducta ilegal, como entiende puede ser considerada la presión a sanitarios y empleados de supermercado. Sostuvo que esta forma de actuar puede ser enclavada dentro de los delitos de odio, por lo que presiones de este tipo “son denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona de bien”.

INTENTO DE 'SEXTORSIÓN'

Al mismo tiempo, sobre las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad para hacer frente a vulneraciones del estado de alarma, la Policía detuvo este lunes a 90 personas y presentó 4.331 denuncias, mientras que la Guardia Civil arrestó a 28 personas y tramitó 6.500 denuncias.

Asimismo, ambos mandos policiales, como vienen haciendo durante las semanas de confinamiento por el Covid-19, alertaron a los ciudadanos sobre nuevos intentos de estafa a través de Internet, debido a que los españoles recurren más a esta tecnología al estar recluidos en sus casas.

Así, Allué reveló que la Policía ha recibido en las últimas horas unas 1.000 denuncias de ciudadanos que han sufrido intentos de lo que se conoce como 'sextorsión'. En este tipo de estafa, los delincuentes envían al internauta un correo en el que dicen que han entrado en su ordenador y copiado fotos comprometidas, por lo que llegan a pedir hasta 1.900 euros para no difundir este material.

Por su parte, Santiago relevó cómo la Guardia Civil ha detectado otros dos intentos de estafa mediante las nuevas tecnologías. En un caso, los delincuentes se hacen pasar por una conocida empresa energética y hablan al receptor del correo de la devolución del importe de parte de una factura, todo ello con el objetivo de que la potencial víctimas active un enlace y facilite así sus claves bancarias. En otro caso similar, en un mensaje se intenta suplantar a una entidad bancaria y se plantea regalar 300 euros al receptor del mensaje, también con el fin de apropiarse de las contraseñas de su entidad financiera.