De forma consensuada con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia, y consultados los Consejos Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, el Ministerio ha autorizado la presentación telemática de escrito desde el miércoles, superando la fase de limitación de esta opción, adoptada el pasado 18 de marzo.

Además, se ha acordado que se prestarán los servicios esenciales fijados tanto en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de 14 de marzo de 2020, como en las resoluciones equivalentes adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Se realizará el registro de todos los escritos presentados electrónicamente en las oficinas judiciales y fiscales y su reparto a los órganos judiciales competentes, sin que esto afecte a la suspensión de plazos procesales acordada por el Real Decreto de estado de alarma de 14 de marzo.

Entre las medidas acordadas figura la llevanza de todos aquellos procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles.

Especial importancia cobra la realización, en el plazo más breve posible, de todas las inscripciones de fallecimiento y nacimiento presentadas, así como la llevanza de los servicios no esenciales del Registro Civil siempre que sea posible.

La resolución fija también las dotaciones de personal de sedes y tribunales para la cobertura del servicio público en el escenario actual a través de las modalidades de trabajo presencial por turnos, de plena disponibilidad, en caso de incidencias que no puedan resolverse a distancia, o de teletrabajo, para el personal que disponga de dispositivos habilitados para ello.

La cobertura de la prestación presencial, que ahora se reactiva, se refuerza con “la provisión, efectiva y coordinada, de material sanitario por parte de las administraciones competentes para la protección de profesionales y usuarios”.

Con objeto de adaptar progresivamente la prestación del servicio público de la Justicia a las siguientes fases de contención de la pandemia, se reforzará la coordinación con las administraciones prestacionales para impulsar políticas públicas de Justicia basadas en un amplio consenso.

De esta forma, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, en consultas con la Fiscalía General del Estado, realizarán un seguimiento semanal del funcionamiento de los órganos judiciales. También se promoverá la máxima colaboración entre instituciones a través de los mecanismos establecidos en la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el Covid-19.