En un comunicado, la plataforma explicó que esta situación se está produciendo porque, según la Ley de Contratos del Sector Público, para que se produzca una suspensión total o parcial de un contrato público es necesario que la administración licitadora levante un ‘acta de suspensión, y esto “no se está haciendo en numerosos casos”, según el presidente de la organización, Antoni Cañete.

Esta ausencia del acta de suspensión “impide a los contratistas tener acceso a las indemnizaciones por suspensión, que deberían facturarse como ‘facturas a cuenta’, y cuya liquidación se produciría una vez que el contratista demuestre que ha incurrido en los gastos previstos por la ley, entre ellos el mantenimiento de empleos”, según explicó Cañete.

“Sin un levantamiento del acta el contratista no puede facturar y por tanto tampoco cobrar, y todo por una desorganización burocrática que se va a llevar por delante a muchas empresas”, lamentó.

Incidió en que al no pronunciarse la administración sobre la solicitud de suspensión del contratista se entiende como desestimación y “esto produce mucha inseguridad jurídica”.

La plataforma destacó que pymes y autónomos se ven obligados a mantener en plantilla el personal de un servicio que “no pueden ofrecer actualmente por la crisis del Covid-19, ya sea porque los beneficiarios están enfermos o porque se han trasladado a convivir con algún familiar durante el confinamiento”.

A esto se suma la falta de unidad de criterio, según la plataforma. En Cataluña, por ejemplo, el método de solicitud de suspensión del servicio es responsabilidad de cada administración local concreta, sin un criterio común, de manera que hay que negociar las condiciones específicas con cada ayuntamiento.

Por todo ello, el presidente de la PMcM solicitó que “se agilicen estos trámites burocráticos” e instó a que haya un “criterio consensuado único” que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus.